La Corte citó al Gobierno de Formosa a una audiencia con la comunidad de La Primavera

El máximo Tribunal del país convocó a las partes en virtud de la "gravedad de los hechos" que precedieron a los reclamos de los Qom.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación citó al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y a representantes de la comunidad indígena Qom Navogoh "La Primavera" a una audiencia pública para marzo del año que viene por la demanda presentada por los pobladores debido a los desmontes y la ocupación de tierras.

El máximo tribunal convocó a las partes en virtud de la "gravedad de los hechos" que precedieron a los reclamos de los Qom, en los cuales el Gobierno provincial reprimió un corte de ruta de los aborígenes en el que fueron asesinadas tres personas.

La audiencia, convocada por unanimidad por la Corte, se realizará el próximo 7 de marzo a las 10 y también participarán el rector de la Universidad Nacional de Formosa y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), informaron fuentes judiciales.

Los Qom reclaman que el Gobierno de Formosa se abstenga de llevar a cabo desmontes en la Colonia La Primavera y un terreno de 609 hectáreas en los que se busca instalar un instituto educativo universitario ya que se trata de tierras ancestrales.

Los aborígenes acompañaron su reclamo con un corte de en el kilómetro 1.341 de la ruta 86 que el 23 de noviembre del año pasado fue reprimido por la Policía de la administración Insfrán, aliado al Gobierno nacional, en la que fueron asesinados, Roberto López , y un policía, Heber Falcón.

En protesta por la represión y en busca de respuestas al Gobierno nacional, el líder de los Qom, Félix Díaz, encabezó un acampe en la avenida 9 de Julio que duró desde diciembre del año pasado a mayo, cuando el ministro del Interior, Florencio Randazzo, los atendió y prometió responder a sus reclamos.

"La gravedad de los hechos exige de esta Corte la adopción de medidas conducentes a la superación del estado de cosas referido", sostuvieron los jueces en la resolución en la que convocaron a la audiencia.

En la audiencia cada parte expondrá oralmente sus argumentos y el tribunal primero deberá resolver si acepta la competencia para intervenir en el caso.

En el reclamo de los Qom ya intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que instó al Estado argentino a garantizar la vida los pobladores "contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de la Policía, la fuerza pública y otros agentes estatales".

Fuente:coordinacion@endepa.org.ar

Comunidades de las Salinas Grandes aguardan con expectativa las recomendaciones del relator de la ONU sobre derechos indígenas

Jujuy al día® – El Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya visitó el fin de semana las Salinas Grandes, donde se reunió con las 33 comunidades de Jujuy y Salta que, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, demandaron a los Estados de Jujuy y Salta por la violación a sus derechos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, producido en el marco de los trabajos de exploración que llevaban adelante empresas interesadas en la explotación del litio.

El caso de Salinas concitó el interés particular del Relator James Anaya quien a mediados de este año recibió en Ginebra a representantes de comunidades y sus asesores legales. En ese marco, Anaya se había comprometido a venir a la Argentina.

El Relator en un informe del 11 de julio de este año, sobre “la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas”, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, abordó casos de industrias extractivas que realizan operaciones dentro de territorios indígenas. Allí Anaya había señalado que “las actividades de las industrias extractivas producen efectos que a menudo violan los derechos de los pueblos indígenas”. El Relator entonces señaló que “los proyectos de extracción de recursos naturales (…) constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo”, porque socavan habitualmente el derecho ala libre determinación de los pueblos indígenas en las esferas política, social y económica.

En su visita a la Argentina, Anaya, que es la máxima autoridad del sistema de Naciones Unidas en materia indígena, llegó a las Salinas Grandes donde las comunidades que participan de la demanda -aún no fue resuelta por la Corte- se expresaron y pidieron al funcionario que efectúe recomendaciones al Estado Argentino para que se efectivice el derecho indígena a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Estos derechos están garantizados por la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos Indígenas, todos ratificados por el Estado Argentino.

James Anaya llegó en helicóptero al lugar denominado “Ojo del huancar” situado en el límite entre Jujuy y Salta. Allí lo aguardaban las comunidades con sus wipallas, su música, sus coplas y todos los ritos que son propios de sus culturas ancestrales.

Al arribar a ese lugar, Anaya anunció que tras escuchar las expresiones de las representantes indígenas de la región, efectuará un informe con recomendaciones al Gobierno argentino y al Sistema internacional para mejorar la situación de estas comunidades.

Resaltó el funcionario que la “Organización de Naciones Unidas tiene una especial interese en los derechos de los pueblos indígenas” lo cual –destacó- se ha expresado en la aprobación de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. En estos instrumentos, explicó a las comunidades, se reconocen “sus derechos a la libre determinación para poder decidir sus futuros, controlar sus propios territorios, participar en todas las decisiones que les afectan y poder determinar sus planes de desarrollo”.

Reconoció James Anaya que se ha avanzado en el reconocimiento de derechos indígenas, “ahora falta que estos derechos sean ejercitados día a día por ustedes. Esta es la gran tarea en la que están los pueblos indígenas del mundo. Ustedes debieran sentirse apoyados por ellos y por la comunidad internacional y mi presencia aquí representa ese apoyo”.

Anaya se comprometió ante las comunidades de las Salinas a receptar los aportes, estudiarlos y efectuar en función de ellos recomendaciones al estado argentino. “Voy a hacer todo lo que pueda para que sus derechos puedan ser reconocidos efectivamente” afirmó.

Anaya escuchó con atención los relatos de Clemente Flores, Liborio Flores, Benita Chácez, Verónica Chavez, Julio Valdivieso, Walter Alancay, entre otros dirigentes y a los asesores legales Alicia Chalabe, Enrique Oyarzábal y Rodrigo Solá quienes llevan adelante el recurso ante la Corte de Justicia Nacional.

Las exposiciones se centraron en la defensa del agua, un recurso natural escaso en esta región semidesértica y vital para las economías de subsistencia de las comunidades. La posibilidad de que se extraiga litio implica la utilización intensiva de agua que nutre la actividad agroganadera y además también implica el desequilibrio del sistema salino del que viven. “No queremos que esto se convierta en un desierto, no podemos permitirnos dejarles eso a nuestros hijos y no vamos a emigrar de acá, por eso vamos a defender nuestros derechos” dijeron.

Defendieron también a las salinas y la producción de sal que configuran un modelo de desarrollo económico ancestral. Denunciaron en ese marco los atropellos y amenazas de las empresas que realizan exploraciones mineras en busca de litio.

Otro reclamo central fue la devolución de los territorios que habitan desde siempre y en tal sentido requirieron que les sean entregados los títulos de propiedad comunitaria, tal como lo reconoce el derecho vigente. “Con la Constitución de 1994 se nos ha reconocido la propiedad de nuestros territorio, sin embargo estamos en el 2011 y se ha producido un avance minero sin que se haya concretado el reconocimiento de nuestras tierras” enfatizaron.

Pusieron de relieve los representantes indígenas que se les ha violentado el derecho a ser consultados y el derecho a un desarrollo con identidad propia.

Para estas comunidades el vínculo con la tierra es constitutivo de su identidad, porque la Pachamama es un espacio vital de realización. “Nos duele que rompan a nuestra Madre Tierra” dijo Verónica Chavez y resaltó que “nosotros no comemos ni bebemos litio, vivimos de la sal”. Denunció la dirigente que fueron amenazados por una empresa este fin de semana cuando se encontraban en un sector de la salina. “Le pido al hermano Anaya que lleve nuestras presencias en su corazón. Nosotros vamos a pedirle a la Pachita que le de fuerza para defendernos” cerró su intervención emocionada Verónica.

La abogada Alicia Chalabe por su parte le solicitó al Relator que incluya en su informe recomendaciones sobre el derecho a la consulta en los términos del derecho indígena y efectuó un pedido para que se implemente un mecanismo ágil de titulación y entrega de tierras. Su par, Enrique Oyarzábal, por su parte, explicó que en estos procesos es vital que se respete el derecho a la identidad y a un modelo de desarrollo que respete esa identidad. “Esta no es una discusión economicista, porque lo que está en juego con la explotación de litio es un modo de vida de pueblos con una cultura agrocéntrica” sintetizó.

Por su parte, el abogado Rodrigo Solá se refirió al derecho al agua de las comunidades y requirió al Relator que incluya una recomendación para que el estado Argentino garantice el acceso al agua desde la perspectiva del desarrollo con identidad”. También solicitó al Relator efectúe recomendaciones para que se garantice la seguridad, la integridad física, psicológica y cultural, de estas comunidades que vienen sufriendo amenazas por parte de las empresas. De hecho, ese mismo día en territorio jujeño de las salinas una patrulla policial de la Subcomisaría de San Antonio de los Cobres (Salta) a cargo del Oficial José Luis López, se encontraba en la zona por pedido de una empresa minera que le había solicitado el día anterior que intervenga porque miembros de las comunidades estaban afectando su derecho al trabajo.

La policía salteña no puede operar en la jurisdicción provincial jujeña, sin embargo estuvieron interceptando vehículos y pidiendo explicaciones del encuentro, cumpliendo el pedido de una empresa, sin que mediara denuncia alguna, según explicó el propio Oficial López al COAJ.

Al término del encuentro con el Relator James Anaya, las comunidades invitaron al funcionario y a sus colaboradores a participar del ancestral rito de darle de comer a la tierra. En ese lugar, donde hay un ojo de agua y con la Pacha abierta, todos se postraron en la tierra para pedirle que haya un futuro de mayor dignidad y respeto a los pueblos indígenas.

http://www.youtube.com/watch?v=CZ2SWkHWJOs&feature=youtu.be

Fuente: http://www.jujuyaldia.com.ar

"Decir que no son querandíes es muy fácil"


La profesora de historia y geografía Silvia Brugnoni y sus alumnos recorrieron 500 kilómetros desde la localidad santafesina de San José de la Esquina para llegar al sitio público y sagrado Punta Querandí (Tigre). Allí realizaron filmaciones para un video documental dirigido a las escuelas secundarias de su región. En diálogo con Indymedia, la docente explicó porqué viajaron a este lugar tan lejano y cuestionó a los profesionales que no defienden a "rajatabla" el patrimonio. "Tiene que ver con la ideología. Está aquel que no le importa y sigue ejerciendo la profesión detrás de un escritorio, cobrando como arqueólogo o dando clases en una Universidad", describió.


Foto de Valentín Palma Callamullo / Movimiento en Defensa de la Pacha
Integrantes de distintos pueblos originarios y vecinos de un paraje rural del conurbano defienden un sitio con vestigios de las civilizaciones indígenas de hace mil años. La lucha para que el lugar no pase a formar parte del Complejo Villa Nueva de barrios privados de EIDICO, abrió un debate con un sector de la comunidad arqueológica. Los profesionales -y los funcionarios del Estado- entregaron el lugar para el emprendimiento privado. Para desacreditar a los indígenas, muchas veces se manifiesta que no son descendientes directos de los querandíes, por lo que no tendrían derecho a reclamar.

Las instituciones educativas ya tomaron partido en este debate. Con sus visitas a Punta Querandí, dan más fundamento a la importancia cultural de este lugar ubicado 50 kilómetros al norte de la Capital Federal. El lunes 31 de octubre, para llegar al predio en conflicto, salieron en combi a las 3 de la mañana más de 10 alumnos y docentes de la carrera de historia del Profesorado ISP 62, a orillas del río Carcarañá en la provincia de Santa Fe.

-¿Cómo surge la idea de la visita?

La visita tiene que ver con googlear Punta Querandí, porque los querandíes como etnia habitaron nuestro lugar así como el lugar de ustedes, fueron los primeros habitantes. Estos alumnos son futuros docentes de historia y están construyendo un video documental como material didáctico para dar sus clases con los chicos. El video va a durar 30 minutos: los 10 primeros minutos donde nuestro lugar estaba solamente habitado por la etnia originaria, los otros 10 minutos habitado por los jesuitas y los aborígenes, las postas, los fuertes que se instalaban en el Camino Real; y los 10 minutos finales donde estaba el fuerte Guardia de la Esquina que fue el precursor de nuestra localidad.

Me parece muy importante la tarea que hacen en Punta Querandí, yo me preocuparía por darle una categoría académica a esto, hay que recurrir a la gente de la Universidad porque es muy valioso lo que tienen que acá. Y la arqueología mirada desde este lugar es muy importante.

-¿Porqué pensás que hay un sector académico que no le ha dado valor a esto?

No solamente hay un sector académico que no le ha dado valor sino también sectores políticos y económicos. Debe haber muchos intereses en juego que tienen que ver con el valor de la tierra, los emprendimientos inmobiliarios y ese tipo de cuestiones que hacen a ganar más.

Los paradigmas académicos no se si pasan mucho porque el arqueólogo tenga que ser un defensor a rajatabla del patrimonio arqueológico. Eso tiene que ver con su ideología, está aquel que no le importa y sigue ejerciendo la profesión detrás de un escritorio, cobrando como arqueólogo o dando clases en una Universidad.

-¿Prima en ellos una visión más científica?

O eurocentrista. Para ellos es importante encontrar una moneda de oro traída por los españoles y no una vasija de las etnias originarias.

-Pero son especialistas en pasado indígena. Y hoy deslegitiman el reclamo porque los indígenas no son descendientes directos de los querandíes.

Deslegitimar para decir que no son querandíes es muy fácil porque precisamente allí es donde las teorías no se encuentran, nadie sabe lo que pasó verdaderamente con ellos, si se fueron juntando con otras etnias o si fueron diezmados. Las matanzas que se dieron en estas zonas fueron terribles en los comienzos de la Conquista. Es fácil decir que no hay descendientes de los querandíes, ¿quién lo dice?

Los pampas pueden ser querandíes, los mapuches pueden ser querandíes, los guaraníes pueden ser querandíes… Yo creo que no hay entre ellos diferencias, incluso en algunas batallas primarias se juntaron para la lucha.

Pistoleros asesinan a cacique indígena en centro-oeste de Brasil

Un grupo de hombres armados y encapuchados invadió el viernes una comunidad de indígenas kaiowá guaraní que reclama tierras en el lugar, cerca de la frontera de Brasil con Paraguay, y asesinó a su líder, informó la gubernamental Fundación Nacional del Indígena (FUNAI).

Pistoleros asesinan ...
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"La comunidad kaiowá guaraní del campamento Tekoha Guaviry, en el municipio de Amambaí (estado de Mato Grosso do Sul, centro-oeste) sufrió el ataque de 42 pistoleros encapuchados y fuertemente armados. El objetivo principal fue el cacique Nísio Gomes, de 59 años, ejecutado con disparos de armas de calibre 12", afirmó la FUNAI en una nota enviada a la AFP.
El organismo había indicado en ese comunicado que los atacantes secuestraron además a dos jóvenes y a un niño, y se llevaron el cadáver del cacique.
Sin embargo, el coordinador regional de la Fundación, Silvio Raymundo da Silva, explicó después a la AFP tras visitar el lugar que "hay un adolescente herido por impactos de bala de goma", pero que no habían "confirmado que se llevaran a otros"
"Trabajamos con los testimonios de la comunidad, y la gran mayoría huyó con mucho miedo", sostuvo.
"Encontramos vestigios de mucha sangre", aparentemente del cacique fallecido, añadió.
"LLegaron con máscaras, chaquetas oscuras, nos pidieron que nos lanzáramos al suelo. Llevaban armas calibre 12", relató un indígena de la comunidad atacada al Consejo Misionero Indigenista (CIMI, vinculado a la Iglesia Católica), el primer organismo que alertó del ataque.
"Llegaron para matar a nuestro cacique", dijo el testigo, que informó que el jefe indígena fue abatido con disparos en la cabeza, el pecho, los brazos y las piernas y que los atacantes se llevaron su cuerpo, una práctica que se ha repetido en otras agresiones a indígenas de la región.
A comienzos de este mes, los aproximadamente 60 indígenas de la comunidad ocuparon un territorio situado entre varias grandes haciendas de producción agrícola, que es parte de su tierra ancestral y que está siendo delimitado por las autoridades.
"Lo que ocurre en ese lugar es un conflicto por la tierra. Esa zona sufrió una colonización entre los años 60 y 70, con la expansión de los latifundios agrícolas. Los indígenas tuvieron que salir, pero ahora esas tierras están en proceso de demarcación para reconocer el área indígena", dijo un portavoz del CIMI.
Desde mayo, conflictos vinculados a la disputa por tierras y denuncias de actividades ilegales en la Amazonía costaron la vida a ocho agricultores y líderes locales, que fueron asesinados en los estados de Pará y Rondonia.
En esas regiones aisladas de la Amazonía, los grandes propietarios de tierras, presuntamente en el origen de los encargos de asesinatos de campesinos, gozan en general de impunidad total.

La lucha de los pueblos indígenas de Mato Grosso do Sul (Brasil) por paz y por el derecho a usufructuar su tierra parece estar lejos de terminar. En la mañana de este viernes (18), Tonico Guaraní-Kaiowá, miembro del Aty Guasu, denunció a través del Programa Kaiowá/Guaraní de la Universidad Católica Don Bosco – UCDB, la masacre realizada en el campamento Tekoha Guaiviry, en el municipio de Amambaí.

Alrededor de las 6h30 de este viernes, 42 pistoleros enmascarados y fuertemente armados invadieron el campamento y le quitaron la vida al cacique Nísio Gomes, de 67 años; muerto con varios tiros de calibre 12 en los brazos, piernas, pecho y cabeza. Al retirarse de la comunidad los asesinos se llevaron el cuerpo del cacique.

De acuerdo con el kaiowá Valmir, hijo de Nísio, una mujer y una niño también fueron asesinados y sus cuerpos llevados en una camioneta de color gris. Al intentar investigar el hecho, el Consejo Indigenista Misionero (Cimi) recibió informaciones de que, además de los asesinatos, dos jóvenes y una niña habían sido secuestrados, sin embargo, todavía no hay informaciones precisas ya que la comunidad está recelosa y conmovida por el hecho.

Algunos indígenas aún permanecen en el campamento, pero la mayor parte de los 60 Kaiowá Guaraní de la comunidad huyó hacia la floresta. En su denuncia al programa de la UCDB, Tonico afirmó que algunos pistoleros aún permanecen en el lugar cercando el campamento e imposibilitando el retorno de los que están en la floresta.

En entrevista con el Cimi, un indígena cuyo nombre fue mantenido en secreto por seguridad, dejó en claro que los Guaraní-Kaiowá no van a abandonar el lugar. "El pueblo continúa en el campamento, vamos a morir todos aquí mismo. No vamos a salir de nuestro tekoha (tierra tradicional)”, afirmó. Líderes del Aty Guasu Guaraní y Kaiowá están organizándose para volver al lugar del ataque.

El Ministerio Público Federal (MPF), la Policía Federal de Ponta Porã y la Fundación Nacional del Indio (Funai) ya fueron informadas sobre el caso.

Contexto

Desde el 1º de noviembre, los indígenas decidieron desmontar el campamento donde vivían en la margen de una carretera y ocupar una parte del su tekoha Kaiowá. El Territorio Indígena de ocupación tradicional de la etnia está bajo poder de las haciendas Chimarrão, Querencia Nativa y Oro Verde. Alrededor de dos semanas después de la reocupación del territorio la comunidad comenzó a ser cercada.

Los ataques y asesinatos no son hechos nuevos para los indígenas de Mato Grosso do Sul. El 13 de agosto de este año, a indígenas Guaraní Kaiowá del Territorio Indígena Pueblito Kue, municipio de Iguatemi, que ocupaban un área entre las haciendas Maringá y Santa Rita, les destruyeron su campamento, sus pertenencias fueron quemadas y su comida robada por hombres encapuchados. A pesar de esto, los indígenas no salieron del logar, reivindicado como tierra tradicional, y afirman que no saldrán voluntariamente.

Los Guaraní Kaiowá suman actualmente cerca de 45 mil indígenas y ocupan poco más de 40 mil hectáreas. De acuerdo con un relevamiento del Consejo Indigenista, el 98% de la población indígena del estado vive en sólo el 0,2% del territorio de Mato Grosso do Sul. La falta de tierras es señalada como el principal desencadenador de situaciones de violencia tales como homicidios y ataques a comunidades, además de problemas sociales como suicidio de jóvenes y altos índices de mortalidad infantil.


Por Fuente: Natasha Pitts / Adital



Mendoza: desalojo a familia Mapuche


Wenu foye mapuche

Mediante un comunicado integrante de la organización “malalwece” de la provincia cuyana informaron que el lunes pasado la familia Díaz de la Comunidad Mapuche Agua de la Vaca ha sido desalojada con sus bienes y sus animales en plena tarea de parición y primera crianza de los animales, unos días antes de subir a la veranada provocándose un daño irreparable tanto a las familias como a sus animales y al territorio.

El comunicado agrega que “La familia ha sido desalojada por un operativo policial de su territorio ancestral, territorio por lo cual viene luchando desde hace años contra la multinacional “Nieves de Mendoza”. En el mismo momento que se discute la Ley de tierra en Argentina que pretende entre otras cosas regular la compra de tierras por manos extranjeras. Esta multinacional, cuyos principales capitales son de origen malayo e ingleses, se conoce hasta el momento que ha adquirido más de 600.000 hectáreas de tierras en la provincia de Mendoza, la mayor parte en zona de frontera, con nacientes de agua, alto potencial de explotación minera y gran valor paisajístico y turístico. La apropiación indebida de territorio tiene otra cara y otro mecanismo, pero la historia de violación de derechos y de violencia institucional sigue”.

Entre las medidas que se abrina tomado fue ponerse en comunicación con diferentes organismos e instituciones del estado tanto provinciales como nacionales, “ coordinado por la Unidad de Gestión Territorial, se pusieron en comunicación instituciones y organizaciones provinciales como la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano (DOADU) , la Dirección de Derechos Humanos y nuestra Organización “Identidad Territorial Malalweche”, instituciones nacionales como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Sub-secretaría de Agricultura Familiar para tratar de dar una alternativa y una solución a las familias de la comunidad mapuche - Lof Agua de la Vaca que fueron desalojadas.

El juez federal, Doctor Eduardo Ariel Puigdéngolas, de San Rafael, habría tomado las denuncias pertinentes y reclamo territorial para la aplicación de la ley 26.160 y prorroga ley 26.554 presentados por la Doctora Gabriela Pellegrini, Asesora legal y Coordinadora del Área de Pueblos Originarios de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia y por el Doctor Ariel Gonzalo Herrera, responsable del área de Coordinación Jurídica de la Sub-secretaría de Agricultura Familiar de la Delegación Mendoza, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; y esta semana se va a expedir sobre la situación.


Fuente: Equipo de comunicadores de Pueblos Originarios

CONTRA LA LEGITIMACIÓN INTELECTUAL DEL RACISMO

Contra la legitimación intelectual del racismo
En una conversa sobre derechos indígenas que tuve con estudiantes de ciencias
jurídicas, me sorprendió la convicción con la cual algunos hablaban de la necesidad de
“educar al indígena”. “Es que dejarlos en la ignorancia es permitir que los políticos los
manejen como a ovejas”, sostenían. Ciertamente los que defendían estas ideas estaban
convencidos de su buena voluntad y, sobre todo, de su “bondad” respecto del trato que
merecen “los indígenas”. Y cuando les pregunté si alguno de ellos se identificaba con
algún pueblo indígena, uno contestó que “no” y el resto simplemente guardó silencio.
Luego, me pregunté ¿por qué un estudiante universitario cree que tiene el derecho de
“educar” a los indígenas?, y ¿por qué piensa que las personas indígenas son
“ignorantes”?
Las respuestas a estas preguntas están en una larga historia de racismo y exclusión que
tiene sus raíces en construcciones intelectuales también de largo y progresivo alcance.
Las imágenes, conceptos, ideas y representaciones que proclamaron la “inferioridad
cultural” de comunidades y pueblos enteros se arraigaron en los sistemas educativos, y
desde allí lograron justificar al grado de “científica” una estructura de valores,
mentalidades y sensibilidades discriminatorias en la sociedad. La consecuencia no
puede ser otra que la creación de ciertas formas de convivencia que pueden ser
entendidas como “culturas de racismo”. Se trata de una “normalidad” difícil de percibir
para quien está convencido de ello, a no ser que uno salga “de sí mismo”.
Entonces, es obvio que el racismo pase desapercibido porque formó (forma) parte de
nuestra cotidianidad. Se puede decir que nuestra coexistencia pacífica, aunque racista,
hace parte de un esquema de “tolerancia” inclusiva. La tolerancia, en este caso, es
siempre una relación de desigualdad, donde un grupo de personas (dominante) asigna
una posición de inferioridad a otro grupo de personas. Como diría Michael Walzer,
“tolerar a alguien es un acto de poder; ser tolerado es una aceptación de la debilidad”.
Pasa como en la colonia del siglo XVI, donde el indio (para usar el término de la época)
era considerado “menor de edad” y, por tanto, necesitaba de un “tutor” que le enseñe y
eduque en lo que más le convenga. Esa relación produjo un pacto de tolerancia bastante
frágil.
Sin embargo, ¿qué pasa cuando esta relación de tolerancia no se acepta más?, ¿qué pasa
cuando el “tolerado”, que ha sido nombrado como “el inferior”, no acepta más esta
condición? El resultado más probable es que la “coexistencia pacífica” no sea más que
una ilusión ingenua de quienes creen que “todo debería ser como antes”. Es posible
también que mi interlocutor, estudiante universitario, no acepte este razonamiento.
“¿Qué más quieren los indígenas, acaso se les prohíbe venir a la ciudad y trabajar para
que progresen?”, renegaba. Es obvio que nuestro tiempo no se caracteriza por su
tranquilidad; todo lo contrario. Pero, me preguntaba, ¿por qué a un joven universitario
le cuesta concebir nuestro tiempo como un tiempo de “transición”?, no sólo en términos
políticos sino, además, intelectuales.
Es que, como diría Doudou Diène, el racismo es un “fenómeno mutante”. Cambia en
sus formas y también se nutre de nuevos contenidos. En este proceso de mutación
influyen las “plataformas políticas” y las “legitimaciones intelectuales”. En ambos casos
la “banalización” del racismo es una tendencia que, a momento de sacar el tema de una
agenda política y de reflexión, la presenta de un modo caricaturesco. “¿Racismo?, ¿cuál
racismo?” dirían algunos “opinadores” de medios de comunicación, al estilo de “¡que
nos muestren a los esclavos!, ¿dónde están?”. Es común que las plataformas políticas
que incluyen en sus programas tendencias xenófobas, racistas y discriminatorias sean
siempre de extrema derecha. Con el argumento de proteger la “identidad nacional”, la
“defensa de los intereses de la colectividad”, la “democracia” y la “seguridad”, generan
un nuevo vocabulario que, además, es fácilmente mediatizado y difundido, y con el
slogan de que la diversidad cultural es un atentado al progreso y a la nación.
“Todos somos mestizos, aquí no hay originarios”, argumentaba mi interlocutor
universitario. Seguramente detrás de esta afirmación quiso hacerme notar que para
evitar el conflicto, la violencia y una posible división de nuestra sociedad, es mejor
hablar de nuestro “mestizaje” y olvidarnos de nuestra diversidad cultural. Claro, si el
mestizaje es concebido como el “término medio” de dos esencias, políticamente es
también el mejor “equilibrio” entre dos contrarios. Sin embargo, no estoy seguro de este
razonamiento; porque, como mi interlocutor mismo lo ha demostrado, en el momento
de escoger una u otra tendencia identitaria siempre optamos por la más dominante. “Si
los campesinos se siguen aferrando a su cultura van ha desaparecer, no podemos salir de
la globalización” decía. Entonces, el discurso del “mestizaje” no es otra cosa que la
justificación, una vez más, de la dominación de unas culturas o civilizaciones sobre
otras, sobre la base de que las unas se consideran “mejores” que las otras. Esta relación
entre mejores y peores ya no es aceptable; porque, como dice Raúl Fornet-Betancourt,
“la civilización occidental ya no civiliza”. Y, en palabras de René Passet, el progreso
técnico es irreversible -la computadora existe-, pero lo que de ninguna forma es
irreversible es lo que procede de la ideología: la desenfrenada libre circulación del
comercio, la desregulación, así como el sacrificio humano en el altar de un supuesto
pensamiento de beneficio que no es otra cosa sino pura codicia.
Éste es el camino que sigue la legitimación intelectual del racismo. En los siglos XVIII
y XIX filósofos, intelectuales y científicos europeos concibieron la diversidad cultural
como diferencia radical y jerárquica entre razas, culturas y comunidades; establecieron
teorías que fueron luego usadas por los poderes políticos como fundamento ideológico
de la expansión colonial e imperial del continente europeo. Estructuraron las relaciones
entre diversos a partir de dos conceptos: la superioridad de la cultura y civilización
europea y la finalidad civilizatoria del dominio colonial. Desde esta perspectiva,
sostener la diversidad cultura a través de políticas multiculturales o interculturales será
una hazaña descabellada, puesto que el postulado de éstas esta en el principio de la
“igual dignidad de las culturas”.
Así como Samuel Huntington sostiene que las poblaciones y cultura de los “latinos”
representan un peligro para la identidad estadounidense, hay quienes creen que las
culturas de los pueblos indígenas representan un peligro para la identidad de la “nación
boliviana”. En ambos casos, y a pesar de sus argumentos cuestionables, tenemos que
reconocer que el mayor esfuerzo, fuera del legal, para erradicar el racismo está en el
campo intelectual. Mi interlocutor me hizo entender que su “posición” sobre el racismo,
no proviene de un largo y esforzado ejercicio de reflexión, sino de una dócil y alegre
adhesión a la opinión “pulcra”, mediatizada y amplificada de algunos/as “analistas”.

ASESINAN A CRISTIAN FERREYRA, MIEMBRO DEL MOCASE VIA CAMPESINA

En la tarde de hoy, miércoles 16 de noviembre, la comunidad de San Antonio comunicó, que en la casa de la Familia Ferreyra se apersonaron Javier y Arturo Juaréz, sicarios de empresario Ciccioli oriundo de Santa Fé, y dispararon a sangre fria contra dos campesinos, causando la muerte con una escopeta a Cristán Ferreyra de 25 años e hirieron de gravedad a otro compañero que se encuentra en observación en el hospital de la capital santiagueña y un tercero con golpes graves.
La comunidad de San Antonio,a 60 km de Monte Quemado, miembro de la CCCOPAL MOCASE-Vía Campesina, viene resistiendo al intento de desalojo de empresarios que han contratado matones armados para realizar amedrentamiento en la zona norte de Santiago del Estero. Los empresarios que intentan acaparar las tierras, Los Julianes, Ciccioli, Ricardo Villa, Saud son venidos de Santa Fe y Tucumán; éstos son los mismos que han diseñado el plan de ataque que vienen sufriendo los campesinos indigenas en los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4 meses de forma sistemática. Unos ejemplos son la detención arbitraria de Ricardo Cuellar, el atentado a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y pertenencias de campesinos de la CCCOPAL.
Esto ocurre con complicidad y alevociía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del poder judicial e instituciones como la dirección provincial de bosque, quien AUTORIZO desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indigenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian.
Desde éstos territorios campesinos indígenas, se viene denunciando los atropellos, tal es así que el Juez Penal Alejandro Fringes Sarria de Monte Quemado ya tiene varias denuncias y no hizo nada para detener la escalada de violencia que impera en la zona. También el Comité de Crisis supo hacer relevamiento de las situaciones de atropellos. Hasta el momento, sólo la organización de las comunidades ha logrado evitar los desalojos y desmontes de miles de hectáreas.
En varias oportunidades el empresario Cicciola, amenazó publicamente que mataría a un campesino del MOCASE-VC para que dejen de" molestar".
El asesinato de Crístian Ferreyra no va a quedar impune y con toda la rabia y dolor que sentimos sus compañeros y compañeras, reafirmamos una vez más, que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta la últimas consecuencias.
Cristian Ferreyra Presente!!!
Ni un metro más, la tierra es nuestra!
Somos Tierra para Alimentar a los Pueblos
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Fuente: coordinacion@endepa.org.ar

Pueblos Indígenas: Caminos de genocidio y de esperanza

Pueblos Indígenas: Caminos de genocidio y de esperanza

Veraí llama desesperado. “Estamos rodeados de pistoleros. Estamos pasando hambre. Pidan a la Funai y a la policía federal que venga para acá. Ya vinieron a proponernos donación de comida para que salgamos. También nos amenazaron – “si ustedes tocan mi tierra mato a 2 o 3 indios”

Descripción: C:\Users\Cimi\Documents\FFOutput\Encontro dos Acampamentos - preparação2 020.jpgEl grito del líder Kaiowa Guaraní de la tekoha Guaiviry, municipio de Amambay (Mato Grosso do Sul), que hace 10 días volvió para su tekoha (tierra tradicional), probablemente será sofocado por la recientes medidas tomadas por el poder ejecutivo y legislativo.

Vuelve, y con mucha fuerza, el tiempo de la caza a los derechos indígenas. Las recientes medidas del poder Ejecutivo y Legislativo no dejan duda respecto a eso

El gobierno de Dilma no necesitó un año o dos, como en tiempos anteriores, para decir lo que dijeron de la cuestión indígena. Se niega a lo más elemental en una democracia, el diálogo, o sea escuchar a las personas de un grupo importante de nacionalidad brasileña que son los más de 230 pueblos indígenas.

En la década del 60 las denuncias internacionales de descuartizamiento de indígenas, así como la masacre del paralelo 11, o el envenenamiento de grupos indígenas y la invasión de sus tierras y el saqueo de los recursos naturales, hizo con que delegaciones internacionales vengan al Brasil y comprueben las denuncias, que terminó con el desmantelamiento del SPI (servicio de protección a los indígenas) y la creación de la FUNAI.

Hoy los azucares envenenados y los descuartizamientos son otros, más sofisticados. Son las fábricas de azúcar y etanol, son los megaproyectos del PAC (programa de aceleración del crecimiento), como la hidroeléctrica del Xingú. La invasión no viene de las transamazónicas o perimetral norte, o la ruta norte sur, que exigía el desalojo de los indígenas, aislados o no, para que las rutas del progreso y de la muerte puedan pasar.

En la época se denunciaba los períodos de caza de indígenas, con la expulsión y el milagro que los gobiernos de la dictadura militar anunciaban como progreso. Los indígenas eran considerados obstáculos y por eso debían ser expulsados. Quien diría que un día volverían esos tiempos con otro ropaje. La dictadura del capital financiero, las grandes multinacionales repiten la triste historia.

Los campamentos indígenas son el rostro más perverso y nefasto de la política de los sectores políticos y económicos regionales, que se han posicionado de manera obstinada e intransigente contra el reconocimiento de las tierras indígenas.

Descripción: C:\Users\Cimi\Documents\FFOutput\Encontro dos Acampamentos - preparação2 025.jpg Encuentro de los campamentos indígenas del Mato Grosso del Sur

En este contexto, tan adverso a los derechos indígenas, en que los intereses económicos de minorías se sobreponen a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, se realiza un primer encuentro de representantes de unas decenas de campamentos indígenas del cono sur de Mato Grosso del sur.

En el momento en que está montada una verdadera operación de caza a los derechos indígenas en todos los poderes, a los pueblos indígenas les sobra la terca esperanza y la experiencia secular de resistencia.

En el campamento de Ita’y, donde se realizará el encuentro, se da un hermoso movimiento, donde la misma comunidad se metió en los preparativos para ese importante momento de reflexión y lucha de los Kaiowa Guaraní de este Estado.

Solamente con la intensa movilización y denuncia nacional e internacional se conseguirá revertir ese absurdo cuadro anti-indígena. Sobre los selladores de la muerte, se lanzarán las flechas del futuro, en esta primavera de muchas plagas, pero también de flores y semillas preñadas de nuevos proyectos de sociedad, posibles, necesarias y urgentes.Descripción: C:\Users\Cimi\Documents\FFOutput\Encontro dos Acampamentos - preparação2 037.jpg

Egon Heck

Cimi 40 años – Equipe Dourados, 11-11-11

Povo Guaraní Grande Povo




Fuente: Endepa

En Pueblos Originarios denuncian que una mujer se electrocutó

Se trata de una de las asistentes de grupo de los Pueblos Originarios.

El sector más dañado en el Encuentro de Colectividades fue el ubicado en el sector noroeste de predio. Brasil, Paraguay, Perú y Pueblos Originarios fueron los que sufrieron la peor parte. Según reporte del programa "Dos tipos Audaces" de La Ocho, cinco de las personas heridas anoche pertenecen a la delegación de Pueblos Originarios, y uno de ellos está en terapia intensiva al recibir una descarga eléctrica..

“Fue terrible porque nosotros estábamos trabajando a pleno, normalmente. Había gente comprando y fue como que no han aceptado que tenía que pasar esto. Cuando vino el viento, gracias a la estructura que tenemos, empezamos a refugiarnos y a observar lo que pasaba, la desesperación de la gente”, contó al móvil de La Ocho una de las integrantes del stand de Pueblos Originarios.

“Había gente de Defensa Civil y de la Guardia Urbana, pero cuando empezó la tormenta no quedó nadie. Empezamos ayudarnos entre nosotros. No nos avisaron ni siquiera desde el palco”, remarcó la testigo.

Fuente: http://www.lacapital.com.ar

Rescatan a 19 tobas sometidos a trabajo esclavo

http://www.youtube.com/watch?v=i2VPos9dI70&feature=share

Al menos 19 personas integrantes de la comunidad Toba fueron rescatadas hoy por la Policía Federal en dos inmuebles de la localidad bonaerense de Berazategui, donde eran obligados a trabajar durante 18 horas diarias por tres individuos de origen boliviano que fueron detenidos, según informaron fuentes policiales.

Personal de la División Trata de Personas, con una orden del juez federal Luis Armella, allanaron dos inmuebles ubicados en las calles Florencio Varela 1377 y 830 número 1914, de Berazategui, donde se hallaban hacinados 15 mayores y 4 menores, entre ellos un bebé indocumentado.

De los rescatados 9 fueron encontrados en el inmueble de la calle Florencio Varela y los otros 10 de la calle 830.

Las personas, según dijeron voceros policiales, habían sido traídos desde la provincia de Formosa para realizar tareas de corte y empaquetado de frutas en una quinta de la zona.

El procedimiento estuvo a cargo de la comisario Noemí Flores, de Trata de Personas, quien le contó a Télam, que las personas "eran obligadas a trabajar durante 18 horas diarias, mal alimentadas y en condiciones de total hacinamiento".

"La investigación se inició hace 20 días a raíz de la denuncia ante el juzgado federal de Quilmes, por parte de dos personas que habían logrado escapar del lugar", aseguró la comisario.

El caso quedó caratulado como "reducción a la servidumbre y trata de personas".(Télam).-

Evo Morales cedió y desviará una ruta ante la presión indígena

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aceptó finalmente que una ruta financiada por Brasil no atraviese el parque natural del Tipnis, cuyos pobladores indígenas marcharon por 66 días desde la Amazonía hasta La Paz para forzarlo a ello.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aceptó finalmente que una ruta financiada por Brasil no atraviese el parque natural del Tipnis, cuyos pobladores indígenas marcharon por 66 días desde la Amazonía hasta La Paz para forzarlo a ello.

Tras meses de decir que la obra pasaría "sí o sí" por el Tipnis, Morales ofreció enviar al Congreso una reforma legal que atiende el reclamo de los indígenas, cuyos dirigentes llevaban más de una hora ante la puerta de la Presidencia esperando dialogar con él cuando hizo el anuncio.

Morales dijo que presentó la modificación de la ley para que "la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, como cualquier otra, no atraviese el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis)".

El mandatario también anunció que la nueva legislación incorporará el concepto de "intangibilidad" para proteger el parque ecológico de los asentamientos de grupos sociales diferentes a los indígenas que viven allí.

Los nativos del Tipnis acusaron a Morales de promover la carretera para que los cultivadores de coca de su bastión político del Chapare, vecino de la reserva, ampliaran sus cultivos de la hoja.


"Por tanto, el tema Tipnis está resuelto", dijo Morales, y se quejó de que los indígenas no quisieron dialogar cuando la comisión negociadora estaba a la puerta del Palacio Presidencial, detenida por policías y guardias.

Fuente: www.tn.com.ar

Jueza ordenó suspender las obras de EIDICO en 60 hectáreas

La disputa por el sitio público, arqueológico y sagrado de Punta Querandí, de menos de 1 hectárea, comienza a generar repercusiones en territorios más amplios. La magistrada Delma Cabrera, del Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro, dio lugar a la medida cautelar solicitada por la Fundación Pro-Tigre, que alega que la desarrolladora inmobiliaria EIDICO no efectuó los estudios de impacto ambiental y arqueológicoen terrenos donde se edifican los barrios privados San Benito y San Rafael, en las inmediaciones de Punta Querandi. Las obras de la empresa continúan ya que será notificada formalmente en estos días. Pro-Tigre dejó abierta la posibilidad de hacer extensiva la medida cautelar a otros emprendimientos.

Hace pocas semanas en una jornada realizada en la ciudad de Buenos Aires, el cacique de la comunidad diaguita de Amaicha del Valle (Tucumán), el abogado indígena Eduardo Nieva, señaló que uno los principales aliados de los pueblos indígenas son los movimientos ambientalistas. Se refería a las luchas territoriales en las provincias, pero esta lectura se ajusta perfecto a lo vivivo en el proceso del conflicto de Punta Querandí, en la localidad bonaerense de Tigre.
Pro-Tigre, una fundación ambientalista de amplia trayectoria en el distrito, tomó las denuncias públicas realizadas por el Movimiento en Defensa de la Pachay en mayo de este año pidió una medida cautelar contra la desarrolladora inmobiliaria EIDICO en el Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro. El 7 de septiembre, la jueza Delma Cabrera decretó la suspensión de toda obra (rellenos, endicamientos, movimientos de suelo, apertura de canales, calles, lagunas, estaqueadas) "susceptible de degradar el ambiente, sus recursos y los sitios arqueológicos".

La resolución de la magistrada enumera los argumentos planteados por Pro-Tigre: "La actora (…) expresa que se estarían afectando sitios arqueológicos de altísimo valor cultural y espiritual, y una amplia zona de humedales reconocidos internacionalmente por sus beneficios ambientales, sociales, culturales y económicos que brindan a la comunidad".

El Movimiento en Defensa de la Pacha, formado por indígenas de diversos distritos y pobladores del paraje rural Punta Canal, defiende un sitio público, arqueológico y sagrado ubicado entre el arroyo Garín y el Canal Villanueva, de sólo 130 metros de extensión. Pero sus reclamos visibilizaron la problemática ambiental y social generada por la construcción indiscriminada de barrios privados sobre humedales, que se realiza violando las leyes desde la década de los 90'. Ya en noviembre de 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a los municipios de la zona norte (Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando) a no habilitar más emprendimientos privados sobre los humedales.

La decisión judicial involucra los terrenos donde se construye el barrio privado San Rafael, de 55 hectáreas, ubicado entre el Canal García y el Canal Villanueva, en la otra orilla de Punta Querandí. También tres lotes privados aledaños a este predio en conflicto, en jurisdicción del partido tigrense.

Pro-Tigre además solicitó la suspensión de obras en un kilómetro y medio de terrenos de origen ferroviario que fueron transferidos mediante boleto de compra-venta por el ONABE (Ministerio de Planificación Federal). Concretamente, desde el KM2,5 hasta KM4 del ex Ramal 56 del Ferrocarril Mitre, hoy convertidos en un canal privado para el barrio privado San Benito y donde la empresa realiza una estacada de cemento, en jurisdicción del partido de Escobar.

La magistrada concluyó que está probada la existencia de las obras denunciadas por Pro-Tigre, y afirmó: "hay indicios que permiten la verosimilitud del derecho invocado". En ese sentido, se refirió a la "constatación realizada con un experto en arqueología" y "la solicitud del Defensor del Pueblo de la Nación en varias oportunidades", entre otros elementos.

El despacho agrega que Pro-Tigre "denuncia la realización y asentamiento de complejos urbanos, algunos ya finalizados y otros en construcción, sin que se hubiera dado cumplimiento previo al procedimiento de estudio de impacto ambiental determinado por las leyes de la materia. Asimismo manifiesta que dichos asentamientos urbanos se localizan sobre humedales en los cuales no deberían haber permitido su asentamiento. Por otra parte se ha elevado la cota del suelo, lo que origina diversas consecuencias negativas que detalla".

Por último, la magistrada destaca que según esta fundación ambientalista "algunas de las obras ya realizadas han tapado o destruido sitios arqueológicos degran valor histórico, cultural y religioso; en tanto que otras obras en ejecución hoy día están poniendo en peligro otros patrimonios arqueológicos que aún pueden preservarse". Pro-Tigre citó como antecedente de la destrucción el enterratorio indígena del sitio arqueológico Garín, hoy debajo del barrio privado Santa Catalina.

LOTES AFECTADOS

Los terrenos señalados por Pro-Tigre son, primero, las parcelas 321D, 321E y 321F, que EIDICO adquirió en las inmediaciones de Punta Querandí, sobre la calle Brasil en frente del barrio privado San Benito."Lindero a estas parcelas se encuentran dos casas de familias que se podrían ver seriamente afectadas, si las obras de rellenos que se están llevando a cabo en la zona denunciada continúan su avance", afirma la demanda de Pro-Tigre.

En segundo lugar, las parcelas 251A, 251B, 252A, donde está emplazado al menos un sitio arqueológico llamado "Rancho Largo". En este sector, ubicado entre el Canal Villanueva y el Canal García, se construye el country San Rafael, de 55 hectáreas.

En tercer lugar, un kilómetro y medio de terrenos de origen ferroviario que fueron transferidos mediante boleto de compra-venta por la ONABE (Ministerio de Planificación Federal) a dos sociedades anónimas, que luego cedieron sus derechos a San Benito S.A. y San Marco S.A. (EIDICO).

En este punto la jueza entendió que por ser un bien de titularidad del Estado Nacional, habría que demandarlo a éste. Pero Pro-Tigre insistió con lograr la cautelar sobre esta área también, porque si bien la demandada aun no ha podido lograr su escrituración, ha realizado las modificaciones en los suelos.

UN RECLAMO QUE SE EXPANDE

EIDICO se mantuvo intransigente durante el conflicto de Punta Querandí, a pesar de que el espacio reclamado está afuera de los límites de los barrios privados del Complejo Villa Nueva. Sin resolución política a las demandas vecinales e indígenas, la exposición pública del conflicto motivó que otros actores intervengan en el escenario, como la Defensoría del Pueblo de la Nación en el 2010 y la Fundación Pro-Tigre este año. En ambos casos sus acciones derivaron en resoluciones que pueden afectar los intereses inmobiliarios en territorios más amplios.

Contacto Fundación Pro-Tigre:
fundacion@protigre.org.ar
Fuente: pueblosarg.indymedia.org


Jujuy: Comunidades De La Puna Acordaron La Restitución Territorial


Fin del corte a la vera de la ruta
Fin del corte a la vera de la ruta

Después de mucha incertidumbre, con las comunidades dispuestas a seguir con el corte en caso de no alcanzar un acuerdo favorable a los reclamos planteados
A las 16:30, después de cinco minutos del arribo del Ministro de Gobierno, levantaron el corte de ruta y ya no hubo interrupciones hasta la noche.
Estuvieron deliberando cerca de dos horas cuando, ya muy oscuro, fueron los delegados a dialogar con los representantes del gobierno provincial.
Cerca de las 21 horas comenzó un dialogo que parecía interminable, hubo puntos de acuerdo como el de elegir un representante por departamento, elegido por las comunidades, para realizar un seguimiento de control de ejecución de los programas, ya que la experiencia les dejaba que hubo irregularidades en el desarrollo de programas anteriores. No hubo acuerdo en el punto que mencionaba que se dejaba establecido que la adjudicación determinada por el articulo 1 y concordante, que las comunidades se reserven el dominio y uso de la superficie que resulten necesarias para la construcción de obras destinadas a educación, salud, seguridad, defensa y futuras obras de interés públicos que impliquen el interés de la comunidad y no afecte a las mismas, cuya sesión y ubicación será consensuada con la comunidad en oportunidad de discusión de la misma, respetando la consulta libre, previa y informal.

Fue un punto de diferencia ya que había interpretaciones distintas.
Un representante del gobierno manifestó a este medio que la postura del gobierno siempre fue la de solucionar los problemas, ellos han llevado el estado de situación de los expedientes de cada una de las comunidades con los problemas y con las posibles soluciones que puedan tener en cada caso. Han planteado un modelo de artículos para los decretos que se aprueben las tierras comunitarias a los efectos que les permita destrabar muchos expedientes que están paralizados por el tema del ejido urbano o reserva urbana.

Despues de tres días El acuerdo firmado a altas horas de la noche, por el Ministro de Gobierno Hugo Echavarri, el Secretario de Derechos Humanos Pablo Lozano, y el Vice-Director de Inmuebles, incluye el compromiso del Gobierno provincial de entregar los títulos comunitarios a nuestras Comunidades Aborígenes en los siguiente plazos:

- En 30 días a todas las comunidades que tienen sus planos realizados.

- En 60 días a las comunidades que les faltan detalles u observaciones en planos.

- En 90 días al resto de las comunidades aborígenes, que les faltan planos o mensuras.

Otros puntos del acuerdo son:

  • La entrega de los títulos sobre los remanentes de tierras a las comunidades que recibieron títulos incompletos, y reducir los radios urbanos según lo establezca cada comunidad.
  • Sacar una ley de exención del pago del impuesto inmobiliario sobre las tierras comunitarias.
  • Realizar un relevamiento territorial, conjuntamente con las comunidades aborígenes, asentadas en tierras con títulos privados, para la expropiación.
  • Realizar el relevamiento de 20 carpetas de RETECI, antes del mes de diciembre.
  • Obligarse a realizar la “consulta previa, libre e informada a las comunidades” ante cualquier acción de gobierno que involucre territorios de nuestras Comunidades, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT y las ley 26.071.
  • Conformar un equipo de seguimiento para los acuerdos y los programas, con dos delegados por departamento.

Se acordó un cronograma de trabajo, eso les va a permitir destrabar muchos expedientes que están en distinto nivel de trámites. Hay distintos tipos de expedientes, aquellos que tienen que tener un perito están solicitando a los profesionales que ya estaban trabajando en el programa anterior para que presenten toda la documentación que tienen para poder proseguir y en el caso de que haya de realizar mensuras nuevas van a convocar agrimensores o ingenieros civiles habilitados para que se inscriban y puedan realizar los trabajos.

El último punto del acuerdo, fue realizar un próximo encuentro con los mismos funcionarios, el día 26 de octubre a las 10 horas en Abra Pampa, para continuar con el plan acordado.

“Una vez más, quedó demostrado que durante todos estos años no hubo voluntad política de entregar los títulos comunitarios, ahora veremos si los compromisos se traducen en políticas concretas hacia nuestras comunidades o quieren seguir entregando nuestras tierras a las empresas mineras. Sino cumplen volveremos a salir a las rutas todas las veces que sea necesario” afirmó una de las delegadas de la asamblea al momento que se levantaba el corte, pasada la medianoche.

Finalmente, antes de retirarse, como es la costumbre ancestral, realizaron una ceremonia de despedida y cerraron haciendo una apacheta, “le agradecemos a la pachamama por haber alcanzado este acuerdo y le pedimos que todo se cumpla como se acordó”, manifestó la delegada de Cochinoca.


Fuente: Equipo de Comunicación Andina