El caso de Salinas concitó el interés particular del Relator James Anaya quien a mediados de este año recibió en Ginebra a representantes de comunidades y sus asesores legales. En ese marco, Anaya se había comprometido a venir a la Argentina.
El Relator en un informe del 11 de julio de este año, sobre “la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas”, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, abordó casos de industrias extractivas que realizan operaciones dentro de territorios indígenas. Allí Anaya había señalado que “las actividades de las industrias extractivas producen efectos que a menudo violan los derechos de los pueblos indígenas”. El Relator entonces señaló que “los proyectos de extracción de recursos naturales (…) constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo”, porque socavan habitualmente el derecho ala libre determinación de los pueblos indígenas en las esferas política, social y económica.
En su visita a la Argentina, Anaya, que es la máxima autoridad del sistema de Naciones Unidas en materia indígena, llegó a las Salinas Grandes donde las comunidades que participan de la demanda -aún no fue resuelta por la Corte- se expresaron y pidieron al funcionario que efectúe recomendaciones al Estado Argentino para que se efectivice el derecho indígena a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Estos derechos están garantizados por la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos Indígenas, todos ratificados por el Estado Argentino.
James Anaya llegó en helicóptero al lugar denominado “Ojo del huancar” situado en el límite entre Jujuy y Salta. Allí lo aguardaban las comunidades con sus wipallas, su música, sus coplas y todos los ritos que son propios de sus culturas ancestrales.
Al arribar a ese lugar, Anaya anunció que tras escuchar las expresiones de las representantes indígenas de la región, efectuará un informe con recomendaciones al Gobierno argentino y al Sistema internacional para mejorar la situación de estas comunidades.
Resaltó el funcionario que la “Organización de Naciones Unidas tiene una especial interese en los derechos de los pueblos indígenas” lo cual –destacó- se ha expresado en la aprobación de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. En estos instrumentos, explicó a las comunidades, se reconocen “sus derechos a la libre determinación para poder decidir sus futuros, controlar sus propios territorios, participar en todas las decisiones que les afectan y poder determinar sus planes de desarrollo”.
Reconoció James Anaya que se ha avanzado en el reconocimiento de derechos indígenas, “ahora falta que estos derechos sean ejercitados día a día por ustedes. Esta es la gran tarea en la que están los pueblos indígenas del mundo. Ustedes debieran sentirse apoyados por ellos y por la comunidad internacional y mi presencia aquí representa ese apoyo”.
Anaya se comprometió ante las comunidades de las Salinas a receptar los aportes, estudiarlos y efectuar en función de ellos recomendaciones al estado argentino. “Voy a hacer todo lo que pueda para que sus derechos puedan ser reconocidos efectivamente” afirmó.
Anaya escuchó con atención los relatos de Clemente Flores, Liborio Flores, Benita Chácez, Verónica Chavez, Julio Valdivieso, Walter Alancay, entre otros dirigentes y a los asesores legales Alicia Chalabe, Enrique Oyarzábal y Rodrigo Solá quienes llevan adelante el recurso ante la Corte de Justicia Nacional.
Las exposiciones se centraron en la defensa del agua, un recurso natural escaso en esta región semidesértica y vital para las economías de subsistencia de las comunidades. La posibilidad de que se extraiga litio implica la utilización intensiva de agua que nutre la actividad agroganadera y además también implica el desequilibrio del sistema salino del que viven. “No queremos que esto se convierta en un desierto, no podemos permitirnos dejarles eso a nuestros hijos y no vamos a emigrar de acá, por eso vamos a defender nuestros derechos” dijeron.
Defendieron también a las salinas y la producción de sal que configuran un modelo de desarrollo económico ancestral. Denunciaron en ese marco los atropellos y amenazas de las empresas que realizan exploraciones mineras en busca de litio.
Otro reclamo central fue la devolución de los territorios que habitan desde siempre y en tal sentido requirieron que les sean entregados los títulos de propiedad comunitaria, tal como lo reconoce el derecho vigente. “Con la Constitución de 1994 se nos ha reconocido la propiedad de nuestros territorio, sin embargo estamos en el 2011 y se ha producido un avance minero sin que se haya concretado el reconocimiento de nuestras tierras” enfatizaron.
Pusieron de relieve los representantes indígenas que se les ha violentado el derecho a ser consultados y el derecho a un desarrollo con identidad propia.
Para estas comunidades el vínculo con la tierra es constitutivo de su identidad, porque la Pachamama es un espacio vital de realización. “Nos duele que rompan a nuestra Madre Tierra” dijo Verónica Chavez y resaltó que “nosotros no comemos ni bebemos litio, vivimos de la sal”. Denunció la dirigente que fueron amenazados por una empresa este fin de semana cuando se encontraban en un sector de la salina. “Le pido al hermano Anaya que lleve nuestras presencias en su corazón. Nosotros vamos a pedirle a la Pachita que le de fuerza para defendernos” cerró su intervención emocionada Verónica.
La abogada Alicia Chalabe por su parte le solicitó al Relator que incluya en su informe recomendaciones sobre el derecho a la consulta en los términos del derecho indígena y efectuó un pedido para que se implemente un mecanismo ágil de titulación y entrega de tierras. Su par, Enrique Oyarzábal, por su parte, explicó que en estos procesos es vital que se respete el derecho a la identidad y a un modelo de desarrollo que respete esa identidad. “Esta no es una discusión economicista, porque lo que está en juego con la explotación de litio es un modo de vida de pueblos con una cultura agrocéntrica” sintetizó.
Por su parte, el abogado Rodrigo Solá se refirió al derecho al agua de las comunidades y requirió al Relator que incluya una recomendación para que el estado Argentino garantice el acceso al agua desde la perspectiva del desarrollo con identidad”. También solicitó al Relator efectúe recomendaciones para que se garantice la seguridad, la integridad física, psicológica y cultural, de estas comunidades que vienen sufriendo amenazas por parte de las empresas. De hecho, ese mismo día en territorio jujeño de las salinas una patrulla policial de la Subcomisaría de San Antonio de los Cobres (Salta) a cargo del Oficial José Luis López, se encontraba en la zona por pedido de una empresa minera que le había solicitado el día anterior que intervenga porque miembros de las comunidades estaban afectando su derecho al trabajo.
La policía salteña no puede operar en la jurisdicción provincial jujeña, sin embargo estuvieron interceptando vehículos y pidiendo explicaciones del encuentro, cumpliendo el pedido de una empresa, sin que mediara denuncia alguna, según explicó el propio Oficial López al COAJ.
Al término del encuentro con el Relator James Anaya, las comunidades invitaron al funcionario y a sus colaboradores a participar del ancestral rito de darle de comer a la tierra. En ese lugar, donde hay un ojo de agua y con la Pacha abierta, todos se postraron en la tierra para pedirle que haya un futuro de mayor dignidad y respeto a los pueblos indígenas.
http://www.youtube.com/watch?v=CZ2SWkHWJOs&feature=youtu.be
Fuente: http://www.jujuyaldia.com.ar
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