Principio de acuerdo del Gobierno y la comunidad Qom

El Gobierno nacional y los líderes de la comunidad Qom acordaron anoche formar una comisión que comenzará a trabajar el lunes para que garantice la seguridad de los aborígenes y actúe sobre el litigio por las tierras.

El principio de acuerdo, por el momento, no implica el levantamiento del corte de la Avenida 9 de Julio ya que se consignó en el acta firmada por las partes que el dirigente Qom Félix Díaz va a "consultar" a los miembros de la comunidad sobre la suspensión de la medida de protesta. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, recibió al cacique Díaz quien llegó a la Casa de Gobierno acompañado por integrantes de la comunidad toba y dirigentes de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos. Las discusiones transcurrieron en el Salón de los Escudos, donde también estuvieron el subsecretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Andrés Larroque; el titular del Inadi, Claudio Morgado; y el premio Nobel de la Paz y representante del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel. Luego del encuentro, Randazzo explicó que "se repasaron todos los temas sanitarios, los planes de agua corriente y de salud" y que "se ratificó el acta firmada el 30 de diciembre de 2010 y se dieron por cumplidos los puntos ahí acordados". Randazzo aseguró que se resolvieron los aspectos relacionados con la documentación y agregó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto de Necesidad y Urgencia 278 para que se pueda tramitar la documentación a cualquier chico de la comunidad primavera. El acuerdo entre los referentes Qom y el Gobierno insumió más de cinco horas, con un cuarto intermedio de 40 minutos en el que Randazzo subió al despacho presidencial para trasladar la situación de la negociación. Sobre las 23 del lunes 2, cuando finalmente se firmó el acta-acuerdo, se escucharon aplausos en el Salón de los Escudos y los festejos de los representantes de la Comunidad Primavera. El documento consta de tres puntos: la creación de la mesa de diálogo y trabajo, integrada por el Gobierno Nacional, la provincia de Formosa, los organismos de Derechos Humanos y los Qom; el mandato para que esa comisión intervenga en los litigios por la tierra y que se garantice la seguridad de la comunidad a través de Gendarmería. Los Qom, liderados por Díaz, de la comunidad "La primavera", ubicada a 170 kilómetros de la ciudad de Formosa, mantenían su protesta por el reclamo de 1.300 hectáreas desde fines de diciembre con un campamento sobre una de las plazoletas de la avenida 9 de Julio en el cruce con la Avenida de Mayo. Desde el 25 de abril un grupo de ellos intensificó el reclamo con una huelga de hambre.+ (PE/Telam)

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ACAMPE QOM LUCHA Y RESISTENCIA

“Los qompi de La Primavera invitamos a una conferencia de prensa a todos los medios nacionales e internacionales y a todas las personas de buen corazón para dar difusión de la injusticia que estamos atravesando hace más de nueve meses.

Nuestro objetivo es poder hacer un pedido al Estado argentino para que se solucione el problema de nuestra comunidad, para que se garantice y se resuelvan los derechos humanos de nuestro pueblo QOM. Existen leyes que nos avalan, sólo hay que cumplirlas.

Les hacemos llegar esta invitación a todos para que nos acompañen y ayuden para poder ser parte de esta Argentina que se está construyendo por el bien de la democracia, por el bien de los Pueblos Originarios y por el bien de todos.”

Félix Díaz

Qomleck de la comunidad Qom La Primavera

CELS: "La criminalización de la protesta … implica un retroceso en la política del gobierno nacional para la resolución de conflictos sociales"

A falta de respuestas del poder político y la amenaza de un desalojo violento por parte de la policía federal motivaron el levantamiento de la protesta llevada adelante por miembros de la comunidad qom “La Primavera” en la avenida 9 de Julio. Ante estos hechos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclama que el Estado Nacional convoque de manera urgente a una mesa de diálogo con el gobierno de Formosa y los indígenas, tal como lo exigió la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los miembros de “La Primavera” han manifestado desde el inicio del conflicto -luego de la brutal represión que sufrieron los días 23 y 24 de noviembre de 2010- su necesidad de ser escuchados por las autoridades federales para arribar a una solución pacífica. Todas las decisiones de la comunidad son tomadas de manera colectiva, mediante asambleas, por lo que no resulta válido cuestionar la legitimidad de sus representantes.
Sin embargo, hoy fueron desalojados del corte que realizaban en la avenida 9 de Julio en medio de un operativo que incluyó la presencia de alrededor de 200 efectivos de la policía federal, unidades de la guardia de infantería y hasta un camión hidrante. Esa fue la única reacción oficial ante sus demandas.
Pese a lo dispuesto en el acuerdo firmado con el Estado el 30 de diciembre, los miembros de la comunidad no cuentan con garantías mínimas para regresar a Formosa en condiciones de seguridad ni han obtenido una solución de fondo a la disputa por las tierras tradicionales que les pertenecen y que permanecen ocupadas por criollos y por el gobierno provincial. Por esta razón, la semana pasada la Comisión Interamericana concedió las medidas cautelares que habían sido solicitadas por la comunidad, con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación y el CELS.
En su resolución, la CIDH exhortó al Estado argentino a proteger a los miembros de la comunidad “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales” y buscó habilitar una nueva instancia de negociación.
La criminalización de la protesta realizada en la 9 de Julio y las medidas tomadas hoy para levantar el corte vuelven a poner en juego la responsabilidad del Estado frente al Sistema interamericano por las violaciones de derechos humanos padecidas por los pueblos originarios. Además implican un retroceso en la política del gobierno nacional para la resolución de conflictos sociales en el espacio público.
Por estas razones, el CELS reitera su reclamo para que se cumplan las medidas dispuestas por la CIDH y se habilite cuanto antes un espacio donde sean escuchadas las demandas de la comunidad.

Fuente: Publicado por qoomih.qom