Comunicado de Prensa

¡REPRESIÓN AL PUEBLO DE TINOGASTA!

Siendo aproximadamente las 14:30 horas del día de hoy, la Policía de Fiambalá, Catamarca, reprimieron a los asambleístas de Tinogasta que sostienen el corte selectivo e informativo desde el 29 de enero pasado, bloqueando el Paso Internacional San Francisco con el objetivo de impedir contra el paso de camiones con insumos para las megamineras de Catamarca y otras provincias cordilleranas. Tres asambleístas fueron brutalmente golpeados y llevados por las fuerzas represivas y por más de una hora mantuvieron oculto su paradero. El comisario Vergara es el responsable del operativo en el que virtualmente fueron secuestrados los tres detenidos. 10 efectivos policiales en 2 camionetas fueron utilizadas en el operativo. Fueron golpeados y les tiraron gas pimienta. Después escoltaron a los tres camiones mineros que fueron “liberados” tras la represión.”

Sale a la luz hace minutos que los tres compañeros están en carácter de detenidos en la comisaría de Fiambalá, distante a 50 km de Tinogasta, y quedaron a disposición de la fiscal Álvarez, de Tinogasta, la misma que ordenó la sanguinaria y tristemente recordada represión del 10 de febrero del corriente.

La Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua continúa con su bloqueo informativo y repudia con todas sus fuerzas la violencia ejercida desde el aparato estatal, el cual defiende los intereses de las empresas transnacionales ante los reclamos de los pueblos.

Una vez más los intereses económicos de unos pocos priman, de la mano de la violencia, sobre los intereses de las mayorías, quienes no nos cansamos de luchar en defensa de nuestro territorio y por nuestra vida.

Responsabilizamos al Estado en sus tres niveles por esta represión y le exigimos tanto al gobierno provincial como al nacional, como así también a la justicia provincial, que cesen las agresiones hacia los pueblos.

Los vecinos de Tinogasta continuaremos con nuestro bloqueo informativo y seguiremos reclamando que se vayan las mineras de nuestros territorios.

Repetimos: continuamos con la guardia informativa más firme que nunca y en hermandad con los otros pueblos de la provincia y del resto del país, con quienes estamos en continua coordinación.

Los pueblos unidos reafirmamos, Fuera Bajo La Alumbrera y las empresas mineras que operan en el Dto de Tinogasta, Nunca jamás Agua Rica, ni una mina más.

¡NO PASARÁN!

Contactos:

pablojoseromero@hotmail.com

msutinogasta@hotmail.com

Teléfonos de Contacto: 03837-15-478847

03837-15-402065

03837-15-473801

Comisaria de Fiambala: (03837) 496021

Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua de Tinogasta

ONU: Duro informe por situación de indígenas en Argentina

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denunció el incumplimiento de la legislación indígena, cuestionó las fumigaciones con agrotóxicos, los desmontes e instó al Estado frenar la violencia contra pueblos originarios.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) cuestionó al Estado argentino por los desalojos y la violencia contra comunidades indígenas, denunció la violación de la Constitución Nacional respecto de derechos territoriales y la Ley 26160 (suspensión de desalojos), llamó la atención respecto al avance minero sobre pueblos originarios y se mostró “preocupado” por el avance de los desmontes, la soja transgénica y los agrotóxicos sobre territorios indígenas.

“El Comité está preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”, denuncia el Comité de la ONU en su último informe, presentado en la primera semana de diciembre. También destaca que “lamenta los defectos en procesos de consulta” para con comunidades indígenas que, en “algunos casos”, llevó a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.

El Comité DESC denunció que, en lo que respecta a territorios indígenas, en Argentina se registra la “violación de la Constitución (artículo 75) y del Convenio 169 de la OIT”. Reconoció “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral de territorios comunitarios) no se aplica “plenamente” y asegura que existen “demoras” en la entrega de títulos a las comunidades. “El Comité insta al Estado que garantice la aplicación plena y coordinada de la Ley, tanto a nivel federal y provincial”, destaca.

“El Comité está particularmente preocupado por las consecuencias negativas de la explotación de litio en Salinas Grandes (provincias de Salta y Jujuy) sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, puntualizó en el punto IX del informe. Se refiere al reclamo de 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de empresas en el ancestral lugar de trabajo y vida de los pueblos indígena.

Además de la minería, el duro informe aborda otra industria extractiva. “El Comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, afirma y reconoce su “preocupación” porque esas prácticas agrícolas dificultan a las comunidades indígenas mantener la agricultura tradicional, “y como consecuencia resulta un importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible”. También cuestiona “el aumento de los desmontes que ha forzado pueblos indígenas a dejar territorios”. El Comité recomendó al Estado que “asegure la completa puesta en práctica” de la Ley que Bosques.

Argentina es un alumno aplicado respecto al modelo de agronegocios. El monocultivo de soja abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultiva del país. El último año se aplicaron 190 millones de litros del cuestionado agrotóxico glifosato. En la actualidad, en Argentina se producen 100 millones de toneladas de granos. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA, del gobierno nacional), pretende aumentar un 60 por ciento (llegar a las 160 millones de toneladas) para 2020. Lo que implica, siempre según el oficial PEA, avanzar sobre nueve millones de hectáreas (pasar de las actuales 33 millones a 42 millones). Avanzarán sobre territorios campesinos e indígenas.

El 16 de noviembre pasado, en Santiago del Estero, asesinaron al campesino Cristian Ferreyra, de 23 años, por resistir el avance empresario sobre territorio ancestral. Fue el corolario de represiones denunciadas por Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), donde militaba Ferreyra. En Argentina hubo cuatro asesinatos de campesinos e indígenas en sólo dos años (el diaguita Javier Chocobar en Tucumán, Sandra Ely Juárez en Santiago y el qom Roberto López en Formosa).

El 2 de diciembre fueron presentadas en Ginebra (Suiza) las recomendaciones ante la ONU. “El Comité está preocupado sobre casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados, han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en actividades de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra”, sentencia.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité comenzó a funcionar en 1985 y depende del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Los estados deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones a los estados. Además de la realidad rural, aborda las políticas públicas respecto a hábitat, condiciones de trabajo, mortandad materna y embarazo adolescente, e igualdad de género, entre otros aspectos.

El informe rescató como hechos positivos la sanción de la leyes nacionales de Migración (25871, en 2004), de Educación Nacional (26075, en 2006, que asigna el seis por ciento del PBI a educación), de Salud Mental (26657, en 2010), de Matrimonio Igualitario (26618, en 2010), de Glaciares (26639, también en 2010).

El anterior informe del Comité había sido en 1999. El próximo será en 2016

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Fuente: odhpi.org/2011/12/onu-duro-informe-por-situacion-de-indigenas-en-argentina/

'Las escuelas mataron a las lenguas indígenas y no están capacitadas para devolverlas'

El docente avá guaraní Víctor Tolaba, de la Comunidad Che Paravete de la provincia de Jujuy, critica la aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe. Habla de la falta de preparación de los maestros, de los agentes educativos desconocidos por las instituciones, del saber linguístico de las familias indígenas, y de la importancia de generar un sistema de enseñanza para todas las culturas presentes en Argentina.
Muchos maestros o profesores comprometidos con las realidades de alumnado proveniente de pueblos indígenas intentan desde la educacion pública revigorizar las lenguas y culturas originarias, sin embargo se encuentran con las limitaciones propias de un sistema que, si bien tuvo avances, muchas veces responde a la lógica ideada por Domingo Faustino Sarmiento en el siglo XIX (“homogeneizar la población con el racismo solapado de los directivos o con sus propias restricciones por desconocer en profundidad las cosmovisiones ancestrales. Esta cuestión se presenta a pesar de que en Argentina se reconoce la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y existen diversas instituciones en el país que trabajan bajo esta modalidad.En diálogo con Indymedia, el educador Víctor Tolaba cuestiona la aplicación de la EIB: “no se implementa, hay mucha repitencia y deserción escolar y puedo hablar de algunos casos donde hay maltrato psicológico”. “Si no se aplica es porque no es suficiente, no está bien clara”, explica el referente de la Comunidad Che Paravete ubicada en la localidad de Barro Negro, departamento de San Pedro.

“La escuela ha hecho lo que quiso con nuestros niños y jóvenes”, dice Víctor, y precisa: “ha sido la generadora de extirpar las lenguas indígenas, la causante de los suicidios lingüísticos en toda nuestra Argentina y en muchos países de Latinoamérica”.

Categórico, el maestro originario afirma: “la escuela es aquella que está preparada hasta hoy en día para matar a todas las lenguas indígenas. Y no está preparada, bajo ningún sentido, para devolver las lenguas indígenas, para nada”.

Uno de los problemas fundamentales para él es que los docentes no están capacitados. “No entienden la lengua indígena, entonces cómo van a explicar”, argumenta, y ejemplifica con la situación de su pueblo originario: “Las materias pilares son lengua y literatura, y matemática. Como (…) no sabe la contabilidad guaraní, baja los contenidos hegemónicos que él ha aprendido. No es traducir la matemática, es otra forma de contar. El docente termina clasificando con notas hegemónicas que son ajenas a nuestros pueblos y con contenidos que también son ajenos”.

“No niego que haya buena voluntad de gente que está trabajando, pero falta”, agrega, y alerta: “Espero que se haya dejado de golpear, a mi y a otros chicos (…) nos golpeaban porque no entendíamos esa forma de matemática”. Esta situación de hostigamiento era aún más habitual en tiempos de su madre, que hoy tiene sesenta años, y fue expulsada de la escuela cuando era niña. Ella hoy está enseñando como capacitadora no formal en un establecimiento de una comunidad guaraní. Algo de a poco está cambiando, a pesar de todas las dificultades.

Víctor explica que fuera de la institución, las comunidades tienen sus “agentes educativos”. “Están los sabios, los ancianos, los mismos padres que trabajan con la agricultura u otros poco que están pescando o cazando. Es otra forma de educar”, agrega. “Parece ser que la sabiduría está en un aula de 4 por 4 y no está ahí”.

El saber lingüístico actual de las familias indígenas es desconocido por los colegios. “Hay chicos que son trilingües porque hay familias que se han juntado; por ejemplo kolla con guaraní, avá guaraní con los tupí o los tapiete, entonces tienen otros sonidos u otra forma de hablar”, describe. Sin embargo, a juicio del educador guaraní, “la escuela ha ignorado todo este saber, toda esta planificación familiar que han hecho las mujeres, los padres, que viene construida desde muchos años”.

Para Víctor la idea detrás de la modalidad EIB debería ser el diálogo. “Hoy parece que hablar con un indio es hablar con alguien que no sabe, y todo lo contrario, sabe mucho”. Sin embargo, “cuando hay ignorancia parece que hay miedo y cuando hay miedo se usa el poder”. En las aulas hoy puede haber paraguayos, bolivianos, chilenos... ¿Cómo llegamos a ellos? "Entendiéndose, no imponiendo un modelo único del Estado. Somos una diversidad, aquí estamos indios y no indios. Tiene que haber una educación para todos”.

Tolaba continúa: “ya no se puede hacer una vereda para el karai (blanco) y la calle para el indígena. Es retroceder muchos años. Hay que hacer un intercambio de conocimientos, de sabidurías y de fundamentaciones propias, que tienen que ver con el estar bien, con el buen vivir, con sensibilizarse y sentirse con el otro, con no despreciar”.

Por ejemplo: en su pueblo, si llega alguien de afuera, “le damos de comer, se puso cómodo, descansó y después le preguntamos recién quién es usted. En cambio aquí (en la ciudad) hay rejas, hay puertas, no podemos tener ese diálogo”, explica. “¿Nosotros cuándo hemos negado el diálogo? Nuestros pueblos ya somos interculturales y pluriculturales”, concluye.

Entrevista realizada en el marco de las Jornadas de Lenguas y Culturas Indígenas llevadas a cabo el miércoles 5 de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

- Contacto: cheparavete@yahoo.com.ar
- Más información: Ponencia de Víctor Tolaba en el II Congreso de laS LenguaS (2007)

Fuente: Pueblosarg.indymedia.org

Explotación de litio: Fallo de la Corte obliga al gobierno jujeño a realizar audiencia

S. S. de Jujuy - Será el 28 de marzo a las 10. Se abordará la denuncia de pueblos originarios por omisión de consulta previa en el otorgamiento de permisos por parte de las autoridades jujeñas.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió convocar para el 28 de marzo, a las 10, a una audiencia pública a la Comunidad Aborigen Santuario Tres Pozos y a las restantes comunidades demandantes que –según sostienen- habitan las Salinas Grandes en los departamentos de Cochinoca y Tumbaya de la Provincia de Jujuy y La Poma y Cobres de la Provincia de Salta, y al gobernador de la Provincia de Jujuy, que se celebrará en la sede del Tribunal en el marco de la causa C.1196.XLVI “Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos y otros c/ Jujuy, Provincia de y otros s/ amparo”, en trámite ante la Secretaría de Juicios Originarios.

La decisión se sustenta en la denunciada omisión deconsulta previa, información y participación de las comunidades en que habrían incurrido las autoridades jujeñas en los expedientes en trámite en la órbita provincial, en los que se habrían otorgado permisos de exploración y explotación de litio y borato en los departamentos antedichos.

El fallo:

Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos y otros c/ Jujuy, Provincia de y otros s/ amparo.

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011

Autos y Vistos; Considerando:

Que la Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos y las demás individualizadas en el escrito de inicio y en el de fs. 240/242, deducen acción de amparo, a fin de que se condene a arbitrar las medidas necesarias para hacer efectivos sus derechos de participación y consulta, y, en consecuencia, puedan expresar el consentimiento libre, previo e informado sobre los programas de prospección o explotación de los recursos naturales existentes en sus territorios.

Manifiestan que pretenden hacer efectivos sus derechos en los expedientes administrativos en trámite, en los que se otorgaron permisos de exploración y explotación de litio y borato en la zona de la sub cuenca Laguna de Guayatayoc-Salinas Grandes, en razón de la omisión de consulta previa, información y participación en que incurrieron las autoridades locales respecto de las comunidades.

Indican que viven desde tiempo inmemorial en la zona, y que las salinas constituyen un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, que les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción.

Asimismo, solicitan que se ordene el dictado de una medida cautelar por la cual se ordene abstenerse de otorgar cualquier permiso administrativo de cateo o exploración y explotación minera en la zona de riesgo en cuestión, especialmente las referidas a litio y borato, así como también que se suspenda la ejecución de los permisos ya otorgados.

Fundan su pretensión en los artículos 16, 41, 75, incisos 17 y 18 de la Constitución Nacional, en los instrumentos internacionales de derechos humanos enunciados en el inciso 22 de ese precepto, en el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT y en los artículos 1°, 2°, 4° y 31 de la Ley General del Ambiente, 25.675.

Que la omisión de consulta previa, información y participación en que —según se denuncia— habrían incurrido las autoridades locales en los expedientes administrativos en trámite, en los que se habrían otorgado permisos de exploración y explotación de litio y borato en las zonas de Cochinoca y Tumbaya, exigen de esta Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese marco, la adopción de las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de estos últimos, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional (conf. Fallos: 330:111, 4134 y 331:2925).

Ello es así, pues le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento. No debe verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que se hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos puedan estar lesionados (conf. causas citadas precedentemente; Fallos: 328:1146).

De tal manera, de acuerdo a lo que surge de los elementos incorporados al proceso, y en el marco de la intervención asumida por el Tribunal en las causas “Lavado, Diego Jorge y otros c/ Mendoza, Provincia de y otro” (Fallos: 330:111), “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otra —Provincia del Chaco—” (Fallos: 330:4134) y “Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional” (Fallos: 331:2925), se dispondrá en el caso la comparecencia a una audiencia pública de las comunidades demandantes y del señor gobernador de la Provincia de Jujuy. Ello, sin perjuicio de lo que en definitiva se decida en relación a la competencia de esta Corte para entender en el caso por vía de la instancia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional, y a la condición de partes que pudieran revestir los demás codemandados.

Por ello, oída en esta instancia la señora Procuradora Fiscal, y sin perjuicio de la decisión que en definitiva se adopte, se resuelve: Convocar a una audiencia a realizarse en la sede de esta Corte el 28 de marzo de 2012 a la hora 10, en la cual los citados deberán expedirse en forma oral y pública ante el Tribunal sobre la situación que se denuncia. Notifíquese a la actora por cédula, y al señor gobernador de la Provincia de Jujuy mediante oficio. Comuníquese al señor Procurador General y al señor Defensor Oficial ante esta Corte. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI.

ES COPIA

Parte actora: Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos; Cominidad Aborigen de San Francisco de Alfarcito; Comunidad Aborigen del Distrito de San Miguel de Colorados; Comunidad Aborigen de Aguas Blancas; Comunidad Aborigen de Sianzo; Comunidad Aborigen de Rinconadilla; Comunidad Aborigen de Lipan; Organización Comunitaria Aborigen “Sol de Mayo”; Comunidad Aborigen de Pozo Colorado-Departamento Tumbaya; Comunidad Aborigen de Santa Ana, Abralaite, Río Grande y Agua de Castilla; Comunidad Aborigen El Angosto Distrito El Moreno; Comunidad Aborigen Cerro Negro; Comunidad Aborigen de Casa Colorada; Comunidad Esquina de Guardia; Comunidad Indígena Atacama de Rangel; Comunidad Aborigen de Cobres; Comunidad Likan Antai Paraje Corralitos; Comunidad Aborigen de Tipan; Comunidad Aborigen Sayate Oeste, Departamento Cochinoca; Comunidad Aborigen de Quebraleña Pueblo Kolla-Departamento Cochinoca; Comunidad Aborigen de Santa Ana de la Puna; Comunidad Aborigen Cochagaste; señor Jorge Luis Mamani, en representación del Pueblo Kolla de la Provincia de Jujuy, en su carácter de integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI); todas ellas representadas por sus apoderados, doctores Alicia Chalabe y Enrique Oyharzabal Castro, con el patrocinio letrado de los doctores Rodrigo Solá y Lorena María Gutiérrez Villar.

Parte demandada: Provincias de Jujuy y Salta, y el Estado Nacional.

Defensor Público ante la CSJN: doctor Julián Horacio Langevin, en representación de los menores que integran las comunidades involucradas.

Amicus Curiae: Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), representada por su presidente, señor Adolfo Pérez Esquivel.

Fundación Ambiente y Recursos Naturales, representada por su apoderada, doctora María Eugenia Di Paola, con el patrocinio letrado de los doctores Carina Quispe, Gabriela Vinocur y Jorge Alberto Ragaglia.

Fuente: www.lahoradejujuy.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=35614%3...

LA FAMILIA DE FÉLIX DÍAZ, DE LA COMUNIDAD LA PRIMAVERA, FORMOSA, CORRE PELIGRO DE MUERTE

Este petitorio lleva 1615 firmas recolectadas!

Buenos Aires, República Argentina. Año 2012

Señora Presidenta de la Nación Argentina

Doctora Cristina Fernández de Kirchner

Balcarce 50

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De nuestra mayor consideración:

Ante una nueva agresión al hijo de Félix Díaz el día 7 de enero de 2012, en su comunidad Potae Napocna Navogoh, de la Provincia de Formosa, como ciudadana argentina tuve la iniciativa de redactar esta carta para entregar a usted Señora Presidenta de la Nación. La misma fue apoyada por innumerables ciudadanos que comparten y ven con preocupación la grave problemática que más adelante se detalla.

Luego de la Introducción y Petición, en el Anexo I se relatan, muy sintéticamente, los hechos ocurridos desde que se desató el conflicto en la comunidad, el 23-11-2010, hasta el 7-1-2012. En el Anexo II se acompañan las firmas de ciudadanos que adhieren a esta petición.

INTRODUCCIÓN

Los indígenas de la comunidad Potae Napocna Navogoh, de la Provincia de Formosa, viven una situación de vulnerabilidad extrema, en particular la familia del representante de la comunidad, el señor Félix Díaz. Sus hijos sufrieron dos atentados que pusieron en riesgo sus vidas, a la vez que se incendiaron sus viviendas.

En cuanto a la comunidad en general, no tienen acceso al agua, a una adecuada alimentación, a servicios sanitarios y a una vivienda digna.

A este cuadro de situación se suma que más de 30 indígenas de la comunidad se encuentran imputados, 24 en el marco de los hechos de la represión del 23 de noviembre de 2010.

Con todo respeto Señora Presidenta, no alcanza con cambiar el nombre del “Día de la Raza” por el “Día de la Diversidad Cultural Americana”. No alcanza con crear instituciones como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), el Consejo de Participación Indígena (CPI) y el INADI, si sus funcionarios no se ponen al servicio de nuestros hermanos de los pueblos originarios.

Es muy importante que los objetivos por los cuales se crearon las mencionadas instituciones no se transformen en letra muerta.

PETICIÓN

Por lo expuesto Señora Presidenta de la Nación, preocupados por esta grave problemática, y ante el temor de que ocurra una desgracia mayor que afecte a la familia del señor Félix Díaz, con todo respeto le solicitamos que:

1) Reciba al señor Félix Díaz con el fin de que él pueda informarle las necesidades que tiene su comunidad y su situación particular.

2) Ordene al Gobierno de Formosa que de inmediato cesen los hostigamientos y las muertes en la comunidad Potae Napocna Navogoh, que proteja sus vidas y le otorgue condiciones de vida digna.

3) Ordene al Gobierno de Formosa que lleve adelante la agenda que en el marco de una Mesa de Diálogo y Trabajo se estableció en Casa de Gobierno. En la misma participaron el señor ministro Florencio Randazzo, el señor Félix Díaz, representantes del CELS, del Serpaj, de Madres Línea Fundadora, de la CTA, de la APDH, de la Defensoría General de la Nación y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

En un comunicado el CELS informó: “El Estado se comprometió a brindar garantías en materia de seguridad y a convocar a una mesa de diálogo con el gobierno de Formosa para solucionar el conflicto de fondo por las tierras tradicionales que pertenecen a la comunidad”.

4) Disponga que haya justicia y reparación histórica en el plazo más breve posible para los miembros de la comunidad Potae Napocna Navogoh, de la Provincia de Formosa, en particular, y de todos los pueblos originarios en general que habitan nuestro suelo.

Necesidades básicas todas que hacen al cumplimiento por parte del Estado Nacional de brindar protección, seguridad y derechos humanos a todo habitante de la Nación Argentina.

Con la esperanza de una urgente respuesta favorable a la presente petición, la saludamos cordialmente,

Liliana Giambelluca y ciudadanos que firman este petitorio.

ANEXO I. SÍNTESIS DE LOS HECHOS OCURRIDOS DESDE EL 23-11-2010 HASTA EL 7-1-2012

Año 2010

23 de noviembre de 2010. La comunidad Potae Napocna Navogoh, de la Provincia de Formosa, realizó un corte en la ruta 86 con el fin de reclamar no ser desalojados de sus tierras. Al lugar se presentó un operativo policial y produjo una violenta represión para dispersar a los manifestantes. El enfrentamiento costó la vida de un miembro de la comunidad, Roberto López, y del oficial principal de la fuerza de seguridad provincial Heber Falcón, además de numerosos heridos.

Al día siguiente, el aborigen pilagá Mario López, quien organizaba un viaje al lugar del conflicto junto a otros indígenas para repudiar los hechos de violencia, murió al ser atropellado por un automóvil en la localidad formoseña de Estanislao del Campo. La comunidad Potae Napocna Navogoh denunció que se trató de un homicidio cometido por un policía que investigaba a los manifestantes aborígenes en medio de una tarea de inteligencia.

23 de diciembre de 2010. Integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogoh de Formosa y su representante Félix Díaz inician un acampe en la plazoleta Cervantes (Avenida de Mayo y 9 de Julio) de Buenos Aires, en reclamo del esclarecimiento de los homicidios de los indígenas muertos y la restitución de 1.300 hectáreas de tierra que les habían sido adjudicadas, pero luego les fueron expropiadas por el gobernador Gildo Insfrán. El objetivo es ser atendidos por la Señora Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

24 de diciembre de 2010. El señor Claudio Morgado, por entonces Presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), fue hasta el campamento para que los huelguistas concurriesen el día 27 a las 10 de la mañana a la Casa Rosada para reunirse con el ministro del Interior, Florencio Randazzo.

25 de diciembre de 2010. El señor Félix Díaz y sus compañeros pasan la Nochebuena y Navidad en la plazoleta en huelga de hambre.

27 de diciembre de 2010. El señor Félix Díaz y sus compañeros concurren a la Casa Rosada y les niegan el ingreso. Les informan que el ministro estaba “muy ocupado”. Luego Randazzo desmintió haberse negado a recibirlos.

Más tarde Morgado se comunicó con Félix Díaz y le informó que la reunión no sería en la Rosada, sino en la sede del INADI, que no dialogarían con Randazzo, pues éste alegó estar demasiado ocupado para recibirlos, sino con el Secretario del Interior, Mario Barbosa Moreira.

En respuesta a este cambio de reglas, Díaz decidió volver al acampe y mantener la huelga de hambre.

30 de diciembre de 2010. Félix Díaz levantó la huelga de hambre luego de un acuerdo alcanzado con Claudio Morgado, titular del INADI y Marcio Barbosa Moreira, entonces viceministro de Interior, quienes se comprometieron a propiciar una mesa de diálogo entre la provincia y la comunidad para canalizar la demanda de tierras, entrega de documentos nacionales de identidad, asistencia sanitaria y una propuesta para que Gendarmería les garantice la seguridad.

En una conferencia de prensa que ofreció donde realizaba la protesta, Díaz dijo “Voy a levantar la huelga de hambre porque creo que estoy ante una situación muy difícil. Esto no quiere decir que vaya a dejar de luchar”. A la espera de ser convocados para la mesa de diálogo, el grupo continuó en el acampe.

Año 2011

21 de abril de 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno a adoptar medidas “para garantizar la vida y la integridad física” de los manifestantes “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.

25 de abril de 2011. A cuatro meses del acampe, Félix Díaz y sus compañeros inician una huelga de hambre y un corte en la Avenida 9 de Julio.

30 de abril de 2011. La Justicia contravencional porteña ordenó liberar el corte y el Ministerio de Seguridad apostó más de cien efectivos frente a los manifestantes. “No hay orden para negociar”, manifestó un colaborador de Cristina Caamaño, por entonces viceministra de Seguridad. “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz luego de despejar la calle.

2 de mayo de 2011. En Casa de Gobierno se acuerda una agenda en el marco de una Mesa de Diálogo y Trabajo. Además del ministro Randazzo participaron del acuerdo Félix Díaz junto al CELS, el Serpaj, Madres Línea Fundadora, CTA, APDH, la Defensoría General de la Nación y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. “El Estado se comprometió a brindar garantías en materia de seguridad y a convocar a una mesa de diálogo con el gobierno de Formosa para solucionar el conflicto de fondo por las tierras tradicionales que pertenecen a la comunidad”, precisó el CELS en un comunicado.

6 de mayo de 2011. En la reunión se había acordado el traslado para el día lunes, pero uniformados sorprendieron a los manifestantes el viernes 6 a las 9 de la mañana, y al grito de “vamos, vamos, levántense”, los despertaron. La Gendarmería Nacional se hizo presente en el acampe para proceder al desalojo. Subieron a los indígenas a micros y sus pertenencias a camiones. Integrantes de la agrupación La Cámpora participaron del desalojo con su titular Andrés “El Cuervo” Larroque, quienes ejercieron presión para que se acelerara la partida.

Nora de Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, aseguró ante las cámaras de televisión: “Que venga una especie de patota de jóvenes que son de La Cámpora y organizaciones afines al Gobierno a provocar esta situación, nos duele. Esto parece tolerancia cero”.

Florencio Randazzo dijo que la madre de Plaza de Mayo había dicho una “canallada”.

13 de septiembre de 2011. El Gobierno de la Provincia de Formosa se retiró durante una reunión, a la vez que mostró reticente a avanzar en las soluciones propuestas. Asimismo, de manera permanente intentó obstaculizar la Mesa y la firma de los acuerdos logrados. Por su parte, el Estado Nacional no logró gestionar el conflicto con el gobierno de la Provincia, ni avanzó en las soluciones que son de su exclusiva competencia, como la situación de Parques Nacionales.

Septiembre de 2011. Incendio de las casas de Adolfo Miranda y de uno de los nietos de Félix Díaz, Tino Díaz.

8 de noviembre de 2011. El hijo de Félix Díaz, de 17 años, y el nieto, de 11, se desplazaban por un camino de la comunidad y fueron agredidos con disparos de armas de fuego que, afortunadamente, no los alcanzaron. Los disparos provinieron de personas que se encontraban dentro del territorio que pertenece a la comunidad y está ocupado por la familia de Alberto Celia.

23 de noviembre de 2011. Organismos de Derechos Humanos (SERPAJ, APDH y CELS) envían una extensa carta a la Señora Presidenta, donde destacan que el gobierno formoseño sigue desconociendo los derechos de los qom, a pesar de los acuerdos logrados en una mesa de diálogo.

7 de diciembre de 2011. El señor James Anaya, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derecho indígena, instó al Gobierno argentino a dar “mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas”, que afrontan problemas de contaminación, salud y educación, entre otros.

El relator de la ONU fue a la comunidad Potae Napocna Navogoh de Formosa. Félix Díaz relató que “Anaya estuvo en la zona donde la policía formoseña reprimió y asesinó (el 23 de noviembre de 2010, cuando los qom hacían un corte de ruta en reclamo de tierras) al hermano Roberto López”. El representante de la comunidad expresó que esperan que esa visita permita abrir el diálogo en todo el país para que se escuchen sus “urgentes necesidades”.

Durante su estadía de once días, el señor Anaya se reunió con autoridades y representantes aborígenes de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy y Formosa.

En rueda de prensa brindada en Buenos Aires, el relator también manifestó que “una preocupación central” expresada por las comunidades es “la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales”, además de los “retrasos en los procesos de relevamiento territorial” y “los desalojos de indígenas dentro de las extensiones de tierras reclamadas por ellos”.

30 de diciembre de 2011. El señor Félix Díaz fue elegido por la revista “El País” de España entre los 100 personajes destacados del año.

Año 2012

7 de enero de 2012. Rolando Díaz, el hijo menor de Félix Díaz, durante la mañana fue golpeado con un elemento cortante por cuatro criollos con la intención de asesinarlo. Al menos uno de ellos portaba un arma. El joven pudo escapar, pero quedó en estado de shock y con un fuerte dolor en la cabeza. Tenía temor de ir al médico pero finalmente fue internado en el Hospital Central de Formosa.

Fuente: http://www.juntemosfirmas.org/petitorio-LA-FAMILIA-DE-FELIX-DIAZ,-DE-LA-COMUNIDAD-LA-PRIMAVERA,-FORMOSA,-CORRE-PELIGRO-DE-MUERTE-107

Pueblos Originarios elaboran informe sobre políticas públicas

A partir de las últimas Jornadas de Política Pública Indígena, que organizó Desarrollo Social, representantes de los pueblos originarios y especialistas en la materia elaboraron un informe en el cual se vuelcan nuevas propuestas y se analizan los avances.

La Ministra de Desarrollo
junto a Daniel Fernandez
en las
Jornadas de
Politicas Publicas

Luego de las Jornadas de Política Pública Indígena que se celebraron a comienzos de noviembre en la Universidad de Lanús (UNLa), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) - dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación - y las diferentes comunidades indígenas que integran el Consejo de participación Indígena (CPI) – principal órgano de articulación entre el Estado Nacional y los pueblos originarios- acordaron trabajar en conjunto para elaborar un informe con los principales propuestas para profundizar la promoción y protección de los derechos de los pueblos originarios en estos próximos cuatro años.

En 2012 las conclusiones del informe serán entregadas a la ministra Alicia Kirchner - impulsora entre otras medidas, de la ley para evitar la expropiación de tierras- quien, durante el desarrollo de las Jornadas, sostuvo: “Fácil es hablar pero lo importante es involucrarse; nuestro Gobierno, desde un Estado activo, presente y promotor, asumió la responsabilidad de construir políticas junto al Consejo de Participación Indígena y se hace cargo de los problemas y conflictos que tenemos”.

En el informe “Políticas Públicas Indígenas”, las ocho comisiones que participaron de la elaboración, señalaron avances y cuestiones pendientes sobre las que las comunidades originarias y el Estado Nacional deberían trabajar en los próximos años. Se destacaron las políticas de derechos humanos y de relevamiento territorial, se propuso una reglamentación por ley de las acciones del Consejo de Participación Indígena (CPI) y se demandó la plena aplicación y profundización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Tierras, estadísticas y relación con Estado

La Comisión N°1 se centró en la cuestión de la tierra y el territorio. Destacó la puesta en marcha en el año 2006, “por primera vez en nuestra historia”, del relevamiento de las ocupaciones y posesiones indígenas de todo el país y la suspensión de los desalojos.

En el mismo sentido, la comisión N°1 destaca la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales –que contempla la reciente sancionada Ley de Tierras- y se la califica “de suma importancia como paso previo a la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena”.

Algunas de las demandas en este tema giran en torno a “completar el relevamiento territorial y la demarcación de territorios comunitarios indígenas” y a enviar el proyecto de Ley de propiedad comunitaria indígena al Congreso Nacional. Al mismo tiempo, el grupo promueve la discusión acerca de las necesidades de una posible reforma constitucional “para el resguardo de la soberanía, procurando recuperar la administración de los recursos naturales”.

La Comisión N°2 analiza el “largo y duro proceso” que vivieron los pueblos originarios en la conformación autónoma de sus organizaciones y “en la lucha por el reconocimiento de las mismas por parte del Estado”.

Con respecto a la situación actual, destacan la participación y representación indígena en el CPI, y señalan “el actual gobierno nacional entiende que los derechos indígenas en su esencia son derechos colectivos”.

Propone, entre otras cosas, conformar “una comisión de elaboración de un Proyecto de Ley de Consulta y Participación Indígena” para efectivizar y reglamentar lo reconocido por el Convenio N° 169 de la OIT - ratificado por la República Argentina mediante Ley 24.071-.

La Comisión N°3 plantea una serie de propuestas concretas que giran en torno a la “reivindicación histórica y cultural de los pueblos indígenas”.

Por un lado, promueve iniciativas para reconocer como genocidio las acciones militares contra la población indígena emprendidas en la denominada “conquista del desierto” y la “conquista verde del gran Chaco” (1779-1910), por otro, plantea profundizar iniciativas “tendientes a afirmar el relato histórico y cultural verdadero” y por último, apoyar la recuperación de restos humanos en el marco del Decreto N°701 - entre otros los ubicados en Viedma, Río Negro; Ingenio La Esperanza, Jujuy; Colonia Aborígen Napalpí, Chaco; y Museo de Ciencias Naturales de La Plata.

La Comisión N°4 enfocó su trabajo en el concepto de población y su vinculación con los pueblos originarios.

Se señala que recién en el año 2004-2005 se realiza la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas que “completa la caracterización y cuantificación por primera vez de quienes se reconocieron pertenecientes o descendientes de pueblos indígenas” y se destaca la activa participación indígena en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010.

Esta comisión señala como una “necesidad” formular desde el Ministerio de Desarrollo Social- INAI y con participación indígena, un relevamiento de condiciones de vida que complemente el último censo. Del mismo modo, propone implementar acciones para que las comunidades indígenas “hagan suyos” los Centros Integradores Comunitarios (CIC) localizados en tierras indígenas, así como promover el acceso al agua como prioridad.

El derecho indígena, la inclusión social y la diversidad cultural en nuestro país

La Comisión N°5 trató el derecho indígena y su relación con el derecho positivo argentino, planteando cierta contradicción entre el carácter colectivo del derecho indígena con las normas de raíz individual de los derechos humanos, cuestionando la supuesta neutralidad los países centrales-colonizadores y de las ONGs a la hora de impulsar los fallos de tribunales internacionales en defensa de los derechos indígenas

Promover la conciencia sobre la vigencia y el alcance de los derechos y la comprensión de la cosmovisión indígena ante el Poder judicial en todas sus instancias (Jueces de Paz, de primera instancia, cámaras, Tribunales Superiores y auxiliares técnicos) es una de las propuestas más fuertes de esta comisión de trabajo.

La Comisión N°6 trabajó sobre la inclusión social y sobre el trabajo en torno a la economía social.

Con respecto a la inclusión social se destacó especialmente el mejoramiento del sistema de documentación - asegurando el acceso gratuito al DNI de los pueblos originarios -y sobre “la redistribución de ingresos a través de la Asignación Universal por Hijo”.

También se destacaron las políticas que lleva adelante Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “para la asistencia técnica, el acompañamiento y la financiación de iniciativas productivas en el marco de la economía social

Este grupo planteó como “desafío” que el INAI trabaje más fuertemente para acercar estas políticas a la población indígena lo cual se ha comenzado a concretar en el año 2011 con la creación de la Dirección de Afirmación de Derechos integrada por 12 integrantes de organizaciones indígenas que deben cumplir el rol de funcionarios para la aplicación del derecho indígena.

A mediados del año 2010 se crea el Área de Comunicación en el marco de la Dirección de Desarrollo de Comunidades, el área es integrada por comunicadores que crearon e impulsaron junto a un equipo el derecho a la comunicación con identidad reconocida en la ley de servicios de comunicación audiovisual 26.522.

Fuente: www.prensa.argentina.ar