El nuevo titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), Daniel Fernández, aseguró que el ejecutivo tendrá un rol activo en la causa que se sigue por el asesinato del dirigente diaguita, ocurrido el 12 de octubre en Tucumán. También confirmó que el oficialismo está trabajando en la prórroga de la norma que suspende los desalojos de comunidades, la cual vence en 2010. Esta ley es resistida por ganaderos y empresarios, y su aplicación ha sido dilatada por los gobiernos provinciales y Nación.El relevamiento territorial previsto en la ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena se puso en marcha en Tucumán hace menos de dos meses y generó una escalada de desalojos en distintas comunidades de la provincia. El pico máximo fue el ataque armado del terrateniente Darío Amín y ex policías –vinculados al represor Malevo Ferreyra y al jefe de Policía de la provincia- que terminó con la vida del dirigente comunitario de Chuschagasta, Javier Chocobar, de 68 años.
En otras provincias, como Neuquén, el programa aún no ha comenzado y ya hay una gran avanzada de la derecha que alerta por el "desborde" de "usurpaciones de campos". "Se están generando reacciones duras en Neuquén, en Tucumán, en distintos lugares. Es un verdadero desafío", declaró Daniel Fernández, presidente del INAI.
"Estamos preocupados pero yo hoy (martes) estuve con la ministra [de Desarrollo Social] Alicia Kirchner reafirmando un camino. No nos vamos a detener por más que opongan resistencia los sectores de poder. Vamos a seguir avanzando en el relevamiento y en las cuestiones que atañen a que las comunidades puedan ejercer el derecho a acceder a sus tierras", aseguró.
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