La provincia de Formosa debe ser intervenida atento a la gran cantidad de denuncias violatorias a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos originarios. No se trata de una denuncia aislada, sino de una situación que es sistemática.Hace pocas horas, canal 13 de Buenos Aires emitió un escalofriante informe sobre una sistemática estafa de comerciantes hacia indígenas wichí del barrio Obrero de la localidad de Ingeniero Juárez.
En esta oportunidad, las cámaras de televisión de “Telenoche investiga” revelaron el abuso de comerciantes inescrupulosos hacia integrantes de esa comunidad indígena en el extremo oeste formoseño con las Asignaciones Universales por Hijo.
Bajo el título de “Argentino de tercera clase, pueblos originarios y corrupción argentina”, el canal porteño entrevistó al denunciante, Jorge Rodríguez, al integrante del pueblo wichi Agustín Santillán y a mujeres de la misma etnia que fueron despojados de sus tarjetas de débito de sus planes sociales por parte de comerciantes con el fin de mantenerlos rehenes de su comercio y exigirles a pagar las abultadas deudas que generaban por los créditos otorgados a precios de usura.
Las imágenes fueron más que elocuentes: comerciantes filmados entregando las tarjetas en las puertas de los bancos a sus legítimos dueños sólo para que éstos cobren, y así quitarles todo o gran parte del dinero cobrado, dejándoles apenas con unos pocos pesos por el “fiado” que le habían dado casi siempre por más del doble de su valor. Esclavos de un sistema perverso, donde el Estado por omisión se convierte en un gran cómplice.
Los indígenas no reciben comprobantes ni ticket y sólo deben guiarse por las anotaciones de los comerciantes inescrupulosos. Pero eso no sería nada. Ni siquiera pueden denunciar lo que les ocurre porque las autoridades provinciales son ciegas, mudas y sordas a ese clamor.
El gobierno nacional deberían intervenir de manera urgente, dado que las estafas a los indígenas son una cuestión sistemática en todos los órdenes de la vida. Incluso, los organismos defensores de los Derechos Humanos también deberían intervenir y no dejarlos solos. Los abusos de todo orden no ocurren sólo en Formosa, sino en Chaco y Salta principalmente.
Estas comunidades son víctimas del engaño y la humillación y las autoridades nacionales deberían actuar de manera enérgica, dado que los funcionarios formoseños no funcionan y son incapaces de generar un mínimo acto de justicia para con estos pueblos milenarios.
Sin acceso eficiente a los planes sociales, corridos de sus tierras, negados en su identidad más preciada, los pueblos indígenas formoseños padecen el calvario de un holocausto en la Argentina 2011.
La desidia de las autoridades formoseñas es una vergüenza nacional. Los indígenas mueren por desnutrición infantil, por falta de justicia, por falta de respeto… mueren porque la democracia argentina todavía no les permite desplegar sus derechos.
Los atropellos, la discriminación, las estafas, la falta de asistencia son parte del perfil monstruoso que hoy mejor describe a las autoridades formoseñas.Las autoridades nacionales no pueden mirar para otro lado, excepto que sean cómplices de lo que ocurre en esa provincia
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