El avance de las topadoras hizo que vecinos e integrantes de pueblos originarios que alerten sobre la construcción indiscriminada de barrios privados náuticos sobre humedales, tierras públicas, parajes rurales y sitios arqueológicos con cementerios indígenas.
Punta Querandi esta ubicado en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, lugar donde aun habitan integrantes del Pueblo Querandi quien supo resistir la invasión sobre sus espacios territoriales que hoy pretende destruir.
Los descendientes de indígenas resisten, desde el 19 de febrero, en el límite de los partidos de Tigre y Escobar. Buscan frenar la extensión de un country que ocuparía un sitio arqueológico. En el terreno en disputa, se encontraron restos de pueblos originarios que habitaron allí hace mil años, e incluso vestigios de cementerios.
El improvisado acampe está en la calle Brasil y el canal Villanueva, en la localidad de Dique Luján, donde Emprendimientos Inmobiliarios De Interés Común (EIDICO) planea avanzar con el barrio San Benito, uno de los tantos que construyó en la zona, lindera con otros canales y arroyos que confluyen en el río Luján y le dan un perfil náutico muy cotizado. De hecho, las casas y lotes se venden con el plus de que tienen acceso propio al agua.
Los manifestantes, en cambio, pretenden que en una parte del predio se levante un museo para exhibir las piezas encontradas, y se preserve la zona como espacio cultural. Además, advierten que el emprendimiento eliminaría miles de hectáreas de humedales, lugares públicos, accesos a cursos de agua, y pondría en riesgo de inundación a los vecinos, como ya lo padecieron algunos.
“Nos vamos a quedar acá hasta que logremos el predio. Estamos en contra de que se saque todo. Queremos que se preserve tal cual está y que sea cuidado por los vecinos. Lo que pertenece acá, dejalo acá”, señala Graciela Satalic, portavoz del grupo, al rechazar el anuncio de la Municipalidad de Tigre de que llevará lo encontrado a un museo que construirán en la zona urbana.
Daniel Fariña, subsecretario de Cultura de la comuna, dice que nunca oyó que los manifestantes pidan un museo en el lugar. “Acá hay una connotación política”, asegura. Según dijeron por escrito desde EIDICO (la única vía por la que accedieron al diálogo), “en la medida en que no invadan propiedad privada, el acampe no es asunto nuestro”.
La protesta se desarrolla a la vera del canal Villanueva, sobre el final de la calle Brasil, entre San Benito y un pequeño predio que ahora es el eje de la disputa porque pertenecía al organismo del Estado que administra los bienes de ex Ferrocarriles Argentinos (ONABE): por allí pasaban las vías del ramal de la ex línea Mitre que unía Ingeniero Maschwitz y Dique Luján. EIDICO dice que es dueña legítima de esos terrenos, pero no los tiene escriturados (ver aparte). Los vecinos pretenden que el municipio, o el gobierno nacional o provincial lo expropie. En febrero último, cuando comenzó el acampe, las máquinas topadoras de EIDICO hicieron movimiento de suelos y dejaron en la superficie restos arqueológicos, algunos de los cuales fueron rescatados. Ese terreno hoy está alambrado y allí realizan equitación algunos chicos del barrio San Benito.
Una ley de 2003 sobre preservación arqueológica establece que ante el hallazgo de material histórico debe hacerse un trabajo de excavación, retirarse el material y luego liberarse el terreno al propietario (ver aparte).
Daniel Loponte, el arqueólogo que encabezó esa investigación, dice que no hay evidencias de que se conserve mucho más material, aunque unas semanas atrás, apareció una calota, parte del cráneo humano, ahora en análisis. Loponte duda que esté relacionado al lugar y niega que ese hallazgo sea signo de que pudo existir un enterratorio, como sí se comprobó que había debajo de lo que hoy es el barrio Santa Catalina, ubicado enfrente, también propiedad de EIDICO, que asegura que nunca fue informada al respecto.
Además la zona es parte de un yacimiento arqueológico y hay más sitios para investigar que aún no tienen construcción, como en La Vellaca o Rancho Largo.
Loponte opina que el acampe sirve para crear conciencia, pero que sería más útil reclamar estudios de impacto arqueológico en otros lugares como él sospecha que no se hicieron antes de empezar la obra de la planta potabilizadora que AySA construye a menos de un kilómetro del lugar. Por eso elevará un pedido de informes.
La Posición De Los Técnicos
“Los expertos tenemos que conciliar el bien público con el bien privado”
Daniel Loponte es arqueólogo de la UBA e investigador del CONICET. Encabezó el equipo de 15 profesionales que, entre fines de 2008 y principios de 2009, realizó el estudio de impacto en la zona de Punta Querandí o Punta Canal, en el partido bonaerense de Tigre y según asegura todo el trabajo tuvo lo que marca la ley 25.743, promulgada en 2003 para dar protección al patrimonio arqueológico y paleontológico de la Argentina. Las piezas retiradas están en poder de la Municipalidad de Tigre (ver aparte).
Esa norma establece que al descubrirse o sospecharse de un lugar con restos históricos se debe excavar y analizar el terreno, retirar todas las piezas y luego liberarlo para que el propietario haga uso de él. “La arqueología de rescate tiene que conciliar el bien público y el bien privado”, aclara, pero reconoce que los vecinos y miembros del Movimiento en Defensa de la Pacha tengan una visión diferente. “La sensación es que hay otras cosas que están ahí que son extraarqueológicas. Este movimiento es útil para crear conciencia, pero hay otros sitios arqueológicos que están amenazados y tal vez habría volcar el esfuerzo que ellos hacen para proteger todo el patrimonio arqueológico que tiene miles de sitios en el Delta”, señala.
Pero a propósito de las sospechas generadas por el trabajo que hicieron, Loponte asegura: “Nadie ha hecho más que nosotros por el rescate arqueológico en la Zona Norte del Gran Buenos Aires.”
Estas son las respuestas de EIDICO
–¿Tienen el boleto de compraventa de los terrenos?
–Está en el expediente que tramita ante la ONABE y ADIF. Es público, puede consultarse allí. La fecha no depende de nosotros, esperamos que sea pronto. Sabemos que a veces los tiempos de la administración se extienden, y fue por eso que preferimos pagar el 100% del precio solicitado, para lo cual pactamos la entrega de la posesión. Ya la tenemos.
–¿Hicieron un estudio del impacto ambiental de los trabajos en la zona?
–Sí. Todos los emprendimientos de EIDICO cuentan con estudio de impacto ambiental. Se trata de un requisito legal previo al comienzo de cualquier desarrollo.
–¿Por qué no se hace un relevamiento arqueológico exhaustivo de todo el terreno en cuestión? Los denunciantes dicen que sólo se investigó una porción muy pequeña, y que han aparecido nuevas evidencias en los últimos días.
–Nosotros no somos arqueólogos, por eso recurrimos a quienes son especialistas en la materia. Además de encomendar y financiar el trabajo realizado por los doctores Daniel Loponte y Alejandro Acosta, del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, del CONICET, estuvimos reunidos con el subsecretario de Cultura de Tigre, Daniel Fariña, con el coordinador del patrimonio cultural del Municipio, Eduardo Devrent, y con un representante del Centro de Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Provincia de Buenos Aires. Todos ellos avalaron lo realizado por Loponte y Acosta.
–¿Por qué nunca se acercó gente de la empresa a hablar con los del acampe?
–Varias veces lo hicimos, incluso lo hemos hecho en buenos términos con algunos. Con otros fue imposible. Lo lógico sería que fueran ellos los que se acercaran a hablar con nosotros, a plantearnos su inquietud civilizadamente y no de la manera prepotente que han demostrado hasta ahora. Nunca se acercaron, lo cual nos lleva a pensar que no actúan de buena fe o que el origen de su actitud viene por el lado de lo ideológico, de no querer aceptar las bondades de un régimen jurídico que permite la propiedad privada.
–¿Por qué no acceden a instalar un museo en el lugar?
–Quieren imponer la instalación del museo en tierras que nos pertenecen por derecho. El atropello, la prepotencia y las acusaciones infundadas no son la manera de obtener nuestra buena voluntad. No tenemos ningún problema en a conversar para buscar una salida, pero no vamos a hacerlo bajo métodos extorsivos.
Fuente: Indymedia-Pueblos Originarios
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