Explotación de litio: Fallo de la Corte obliga al gobierno jujeño a realizar audiencia

S. S. de Jujuy - Será el 28 de marzo a las 10. Se abordará la denuncia de pueblos originarios por omisión de consulta previa en el otorgamiento de permisos por parte de las autoridades jujeñas.

corte_suprema.jpg, image/jpeg, 600x360

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió convocar para el 28 de marzo, a las 10, a una audiencia pública a la Comunidad Aborigen Santuario Tres Pozos y a las restantes comunidades demandantes que –según sostienen- habitan las Salinas Grandes en los departamentos de Cochinoca y Tumbaya de la Provincia de Jujuy y La Poma y Cobres de la Provincia de Salta, y al gobernador de la Provincia de Jujuy, que se celebrará en la sede del Tribunal en el marco de la causa C.1196.XLVI “Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos y otros c/ Jujuy, Provincia de y otros s/ amparo”, en trámite ante la Secretaría de Juicios Originarios.

La decisión se sustenta en la denunciada omisión deconsulta previa, información y participación de las comunidades en que habrían incurrido las autoridades jujeñas en los expedientes en trámite en la órbita provincial, en los que se habrían otorgado permisos de exploración y explotación de litio y borato en los departamentos antedichos.

El fallo:

Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos y otros c/ Jujuy, Provincia de y otros s/ amparo.

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011

Autos y Vistos; Considerando:

Que la Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos y las demás individualizadas en el escrito de inicio y en el de fs. 240/242, deducen acción de amparo, a fin de que se condene a arbitrar las medidas necesarias para hacer efectivos sus derechos de participación y consulta, y, en consecuencia, puedan expresar el consentimiento libre, previo e informado sobre los programas de prospección o explotación de los recursos naturales existentes en sus territorios.

Manifiestan que pretenden hacer efectivos sus derechos en los expedientes administrativos en trámite, en los que se otorgaron permisos de exploración y explotación de litio y borato en la zona de la sub cuenca Laguna de Guayatayoc-Salinas Grandes, en razón de la omisión de consulta previa, información y participación en que incurrieron las autoridades locales respecto de las comunidades.

Indican que viven desde tiempo inmemorial en la zona, y que las salinas constituyen un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, que les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción.

Asimismo, solicitan que se ordene el dictado de una medida cautelar por la cual se ordene abstenerse de otorgar cualquier permiso administrativo de cateo o exploración y explotación minera en la zona de riesgo en cuestión, especialmente las referidas a litio y borato, así como también que se suspenda la ejecución de los permisos ya otorgados.

Fundan su pretensión en los artículos 16, 41, 75, incisos 17 y 18 de la Constitución Nacional, en los instrumentos internacionales de derechos humanos enunciados en el inciso 22 de ese precepto, en el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT y en los artículos 1°, 2°, 4° y 31 de la Ley General del Ambiente, 25.675.

Que la omisión de consulta previa, información y participación en que —según se denuncia— habrían incurrido las autoridades locales en los expedientes administrativos en trámite, en los que se habrían otorgado permisos de exploración y explotación de litio y borato en las zonas de Cochinoca y Tumbaya, exigen de esta Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese marco, la adopción de las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de estos últimos, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional (conf. Fallos: 330:111, 4134 y 331:2925).

Ello es así, pues le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento. No debe verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que se hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos puedan estar lesionados (conf. causas citadas precedentemente; Fallos: 328:1146).

De tal manera, de acuerdo a lo que surge de los elementos incorporados al proceso, y en el marco de la intervención asumida por el Tribunal en las causas “Lavado, Diego Jorge y otros c/ Mendoza, Provincia de y otro” (Fallos: 330:111), “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otra —Provincia del Chaco—” (Fallos: 330:4134) y “Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional” (Fallos: 331:2925), se dispondrá en el caso la comparecencia a una audiencia pública de las comunidades demandantes y del señor gobernador de la Provincia de Jujuy. Ello, sin perjuicio de lo que en definitiva se decida en relación a la competencia de esta Corte para entender en el caso por vía de la instancia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional, y a la condición de partes que pudieran revestir los demás codemandados.

Por ello, oída en esta instancia la señora Procuradora Fiscal, y sin perjuicio de la decisión que en definitiva se adopte, se resuelve: Convocar a una audiencia a realizarse en la sede de esta Corte el 28 de marzo de 2012 a la hora 10, en la cual los citados deberán expedirse en forma oral y pública ante el Tribunal sobre la situación que se denuncia. Notifíquese a la actora por cédula, y al señor gobernador de la Provincia de Jujuy mediante oficio. Comuníquese al señor Procurador General y al señor Defensor Oficial ante esta Corte. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI.

ES COPIA

Parte actora: Comunidad Aborigen de Santuario Tres Pozos; Cominidad Aborigen de San Francisco de Alfarcito; Comunidad Aborigen del Distrito de San Miguel de Colorados; Comunidad Aborigen de Aguas Blancas; Comunidad Aborigen de Sianzo; Comunidad Aborigen de Rinconadilla; Comunidad Aborigen de Lipan; Organización Comunitaria Aborigen “Sol de Mayo”; Comunidad Aborigen de Pozo Colorado-Departamento Tumbaya; Comunidad Aborigen de Santa Ana, Abralaite, Río Grande y Agua de Castilla; Comunidad Aborigen El Angosto Distrito El Moreno; Comunidad Aborigen Cerro Negro; Comunidad Aborigen de Casa Colorada; Comunidad Esquina de Guardia; Comunidad Indígena Atacama de Rangel; Comunidad Aborigen de Cobres; Comunidad Likan Antai Paraje Corralitos; Comunidad Aborigen de Tipan; Comunidad Aborigen Sayate Oeste, Departamento Cochinoca; Comunidad Aborigen de Quebraleña Pueblo Kolla-Departamento Cochinoca; Comunidad Aborigen de Santa Ana de la Puna; Comunidad Aborigen Cochagaste; señor Jorge Luis Mamani, en representación del Pueblo Kolla de la Provincia de Jujuy, en su carácter de integrante del Consejo de Participación Indígena (CPI); todas ellas representadas por sus apoderados, doctores Alicia Chalabe y Enrique Oyharzabal Castro, con el patrocinio letrado de los doctores Rodrigo Solá y Lorena María Gutiérrez Villar.

Parte demandada: Provincias de Jujuy y Salta, y el Estado Nacional.

Defensor Público ante la CSJN: doctor Julián Horacio Langevin, en representación de los menores que integran las comunidades involucradas.

Amicus Curiae: Fundación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), representada por su presidente, señor Adolfo Pérez Esquivel.

Fundación Ambiente y Recursos Naturales, representada por su apoderada, doctora María Eugenia Di Paola, con el patrocinio letrado de los doctores Carina Quispe, Gabriela Vinocur y Jorge Alberto Ragaglia.

Fuente: www.lahoradejujuy.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=35614%3...

LA FAMILIA DE FÉLIX DÍAZ, DE LA COMUNIDAD LA PRIMAVERA, FORMOSA, CORRE PELIGRO DE MUERTE

Este petitorio lleva 1615 firmas recolectadas!

Buenos Aires, República Argentina. Año 2012

Señora Presidenta de la Nación Argentina

Doctora Cristina Fernández de Kirchner

Balcarce 50

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De nuestra mayor consideración:

Ante una nueva agresión al hijo de Félix Díaz el día 7 de enero de 2012, en su comunidad Potae Napocna Navogoh, de la Provincia de Formosa, como ciudadana argentina tuve la iniciativa de redactar esta carta para entregar a usted Señora Presidenta de la Nación. La misma fue apoyada por innumerables ciudadanos que comparten y ven con preocupación la grave problemática que más adelante se detalla.

Luego de la Introducción y Petición, en el Anexo I se relatan, muy sintéticamente, los hechos ocurridos desde que se desató el conflicto en la comunidad, el 23-11-2010, hasta el 7-1-2012. En el Anexo II se acompañan las firmas de ciudadanos que adhieren a esta petición.

INTRODUCCIÓN

Los indígenas de la comunidad Potae Napocna Navogoh, de la Provincia de Formosa, viven una situación de vulnerabilidad extrema, en particular la familia del representante de la comunidad, el señor Félix Díaz. Sus hijos sufrieron dos atentados que pusieron en riesgo sus vidas, a la vez que se incendiaron sus viviendas.

En cuanto a la comunidad en general, no tienen acceso al agua, a una adecuada alimentación, a servicios sanitarios y a una vivienda digna.

A este cuadro de situación se suma que más de 30 indígenas de la comunidad se encuentran imputados, 24 en el marco de los hechos de la represión del 23 de noviembre de 2010.

Con todo respeto Señora Presidenta, no alcanza con cambiar el nombre del “Día de la Raza” por el “Día de la Diversidad Cultural Americana”. No alcanza con crear instituciones como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), el Consejo de Participación Indígena (CPI) y el INADI, si sus funcionarios no se ponen al servicio de nuestros hermanos de los pueblos originarios.

Es muy importante que los objetivos por los cuales se crearon las mencionadas instituciones no se transformen en letra muerta.

PETICIÓN

Por lo expuesto Señora Presidenta de la Nación, preocupados por esta grave problemática, y ante el temor de que ocurra una desgracia mayor que afecte a la familia del señor Félix Díaz, con todo respeto le solicitamos que:

1) Reciba al señor Félix Díaz con el fin de que él pueda informarle las necesidades que tiene su comunidad y su situación particular.

2) Ordene al Gobierno de Formosa que de inmediato cesen los hostigamientos y las muertes en la comunidad Potae Napocna Navogoh, que proteja sus vidas y le otorgue condiciones de vida digna.

3) Ordene al Gobierno de Formosa que lleve adelante la agenda que en el marco de una Mesa de Diálogo y Trabajo se estableció en Casa de Gobierno. En la misma participaron el señor ministro Florencio Randazzo, el señor Félix Díaz, representantes del CELS, del Serpaj, de Madres Línea Fundadora, de la CTA, de la APDH, de la Defensoría General de la Nación y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

En un comunicado el CELS informó: “El Estado se comprometió a brindar garantías en materia de seguridad y a convocar a una mesa de diálogo con el gobierno de Formosa para solucionar el conflicto de fondo por las tierras tradicionales que pertenecen a la comunidad”.

4) Disponga que haya justicia y reparación histórica en el plazo más breve posible para los miembros de la comunidad Potae Napocna Navogoh, de la Provincia de Formosa, en particular, y de todos los pueblos originarios en general que habitan nuestro suelo.

Necesidades básicas todas que hacen al cumplimiento por parte del Estado Nacional de brindar protección, seguridad y derechos humanos a todo habitante de la Nación Argentina.

Con la esperanza de una urgente respuesta favorable a la presente petición, la saludamos cordialmente,

Liliana Giambelluca y ciudadanos que firman este petitorio.

ANEXO I. SÍNTESIS DE LOS HECHOS OCURRIDOS DESDE EL 23-11-2010 HASTA EL 7-1-2012

Año 2010

23 de noviembre de 2010. La comunidad Potae Napocna Navogoh, de la Provincia de Formosa, realizó un corte en la ruta 86 con el fin de reclamar no ser desalojados de sus tierras. Al lugar se presentó un operativo policial y produjo una violenta represión para dispersar a los manifestantes. El enfrentamiento costó la vida de un miembro de la comunidad, Roberto López, y del oficial principal de la fuerza de seguridad provincial Heber Falcón, además de numerosos heridos.

Al día siguiente, el aborigen pilagá Mario López, quien organizaba un viaje al lugar del conflicto junto a otros indígenas para repudiar los hechos de violencia, murió al ser atropellado por un automóvil en la localidad formoseña de Estanislao del Campo. La comunidad Potae Napocna Navogoh denunció que se trató de un homicidio cometido por un policía que investigaba a los manifestantes aborígenes en medio de una tarea de inteligencia.

23 de diciembre de 2010. Integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogoh de Formosa y su representante Félix Díaz inician un acampe en la plazoleta Cervantes (Avenida de Mayo y 9 de Julio) de Buenos Aires, en reclamo del esclarecimiento de los homicidios de los indígenas muertos y la restitución de 1.300 hectáreas de tierra que les habían sido adjudicadas, pero luego les fueron expropiadas por el gobernador Gildo Insfrán. El objetivo es ser atendidos por la Señora Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

24 de diciembre de 2010. El señor Claudio Morgado, por entonces Presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), fue hasta el campamento para que los huelguistas concurriesen el día 27 a las 10 de la mañana a la Casa Rosada para reunirse con el ministro del Interior, Florencio Randazzo.

25 de diciembre de 2010. El señor Félix Díaz y sus compañeros pasan la Nochebuena y Navidad en la plazoleta en huelga de hambre.

27 de diciembre de 2010. El señor Félix Díaz y sus compañeros concurren a la Casa Rosada y les niegan el ingreso. Les informan que el ministro estaba “muy ocupado”. Luego Randazzo desmintió haberse negado a recibirlos.

Más tarde Morgado se comunicó con Félix Díaz y le informó que la reunión no sería en la Rosada, sino en la sede del INADI, que no dialogarían con Randazzo, pues éste alegó estar demasiado ocupado para recibirlos, sino con el Secretario del Interior, Mario Barbosa Moreira.

En respuesta a este cambio de reglas, Díaz decidió volver al acampe y mantener la huelga de hambre.

30 de diciembre de 2010. Félix Díaz levantó la huelga de hambre luego de un acuerdo alcanzado con Claudio Morgado, titular del INADI y Marcio Barbosa Moreira, entonces viceministro de Interior, quienes se comprometieron a propiciar una mesa de diálogo entre la provincia y la comunidad para canalizar la demanda de tierras, entrega de documentos nacionales de identidad, asistencia sanitaria y una propuesta para que Gendarmería les garantice la seguridad.

En una conferencia de prensa que ofreció donde realizaba la protesta, Díaz dijo “Voy a levantar la huelga de hambre porque creo que estoy ante una situación muy difícil. Esto no quiere decir que vaya a dejar de luchar”. A la espera de ser convocados para la mesa de diálogo, el grupo continuó en el acampe.

Año 2011

21 de abril de 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno a adoptar medidas “para garantizar la vida y la integridad física” de los manifestantes “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.

25 de abril de 2011. A cuatro meses del acampe, Félix Díaz y sus compañeros inician una huelga de hambre y un corte en la Avenida 9 de Julio.

30 de abril de 2011. La Justicia contravencional porteña ordenó liberar el corte y el Ministerio de Seguridad apostó más de cien efectivos frente a los manifestantes. “No hay orden para negociar”, manifestó un colaborador de Cristina Caamaño, por entonces viceministra de Seguridad. “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz luego de despejar la calle.

2 de mayo de 2011. En Casa de Gobierno se acuerda una agenda en el marco de una Mesa de Diálogo y Trabajo. Además del ministro Randazzo participaron del acuerdo Félix Díaz junto al CELS, el Serpaj, Madres Línea Fundadora, CTA, APDH, la Defensoría General de la Nación y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. “El Estado se comprometió a brindar garantías en materia de seguridad y a convocar a una mesa de diálogo con el gobierno de Formosa para solucionar el conflicto de fondo por las tierras tradicionales que pertenecen a la comunidad”, precisó el CELS en un comunicado.

6 de mayo de 2011. En la reunión se había acordado el traslado para el día lunes, pero uniformados sorprendieron a los manifestantes el viernes 6 a las 9 de la mañana, y al grito de “vamos, vamos, levántense”, los despertaron. La Gendarmería Nacional se hizo presente en el acampe para proceder al desalojo. Subieron a los indígenas a micros y sus pertenencias a camiones. Integrantes de la agrupación La Cámpora participaron del desalojo con su titular Andrés “El Cuervo” Larroque, quienes ejercieron presión para que se acelerara la partida.

Nora de Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, aseguró ante las cámaras de televisión: “Que venga una especie de patota de jóvenes que son de La Cámpora y organizaciones afines al Gobierno a provocar esta situación, nos duele. Esto parece tolerancia cero”.

Florencio Randazzo dijo que la madre de Plaza de Mayo había dicho una “canallada”.

13 de septiembre de 2011. El Gobierno de la Provincia de Formosa se retiró durante una reunión, a la vez que mostró reticente a avanzar en las soluciones propuestas. Asimismo, de manera permanente intentó obstaculizar la Mesa y la firma de los acuerdos logrados. Por su parte, el Estado Nacional no logró gestionar el conflicto con el gobierno de la Provincia, ni avanzó en las soluciones que son de su exclusiva competencia, como la situación de Parques Nacionales.

Septiembre de 2011. Incendio de las casas de Adolfo Miranda y de uno de los nietos de Félix Díaz, Tino Díaz.

8 de noviembre de 2011. El hijo de Félix Díaz, de 17 años, y el nieto, de 11, se desplazaban por un camino de la comunidad y fueron agredidos con disparos de armas de fuego que, afortunadamente, no los alcanzaron. Los disparos provinieron de personas que se encontraban dentro del territorio que pertenece a la comunidad y está ocupado por la familia de Alberto Celia.

23 de noviembre de 2011. Organismos de Derechos Humanos (SERPAJ, APDH y CELS) envían una extensa carta a la Señora Presidenta, donde destacan que el gobierno formoseño sigue desconociendo los derechos de los qom, a pesar de los acuerdos logrados en una mesa de diálogo.

7 de diciembre de 2011. El señor James Anaya, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derecho indígena, instó al Gobierno argentino a dar “mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas”, que afrontan problemas de contaminación, salud y educación, entre otros.

El relator de la ONU fue a la comunidad Potae Napocna Navogoh de Formosa. Félix Díaz relató que “Anaya estuvo en la zona donde la policía formoseña reprimió y asesinó (el 23 de noviembre de 2010, cuando los qom hacían un corte de ruta en reclamo de tierras) al hermano Roberto López”. El representante de la comunidad expresó que esperan que esa visita permita abrir el diálogo en todo el país para que se escuchen sus “urgentes necesidades”.

Durante su estadía de once días, el señor Anaya se reunió con autoridades y representantes aborígenes de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy y Formosa.

En rueda de prensa brindada en Buenos Aires, el relator también manifestó que “una preocupación central” expresada por las comunidades es “la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales”, además de los “retrasos en los procesos de relevamiento territorial” y “los desalojos de indígenas dentro de las extensiones de tierras reclamadas por ellos”.

30 de diciembre de 2011. El señor Félix Díaz fue elegido por la revista “El País” de España entre los 100 personajes destacados del año.

Año 2012

7 de enero de 2012. Rolando Díaz, el hijo menor de Félix Díaz, durante la mañana fue golpeado con un elemento cortante por cuatro criollos con la intención de asesinarlo. Al menos uno de ellos portaba un arma. El joven pudo escapar, pero quedó en estado de shock y con un fuerte dolor en la cabeza. Tenía temor de ir al médico pero finalmente fue internado en el Hospital Central de Formosa.

Fuente: http://www.juntemosfirmas.org/petitorio-LA-FAMILIA-DE-FELIX-DIAZ,-DE-LA-COMUNIDAD-LA-PRIMAVERA,-FORMOSA,-CORRE-PELIGRO-DE-MUERTE-107

Pueblos Originarios elaboran informe sobre políticas públicas

A partir de las últimas Jornadas de Política Pública Indígena, que organizó Desarrollo Social, representantes de los pueblos originarios y especialistas en la materia elaboraron un informe en el cual se vuelcan nuevas propuestas y se analizan los avances.

La Ministra de Desarrollo
junto a Daniel Fernandez
en las
Jornadas de
Politicas Publicas

Luego de las Jornadas de Política Pública Indígena que se celebraron a comienzos de noviembre en la Universidad de Lanús (UNLa), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) - dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación - y las diferentes comunidades indígenas que integran el Consejo de participación Indígena (CPI) – principal órgano de articulación entre el Estado Nacional y los pueblos originarios- acordaron trabajar en conjunto para elaborar un informe con los principales propuestas para profundizar la promoción y protección de los derechos de los pueblos originarios en estos próximos cuatro años.

En 2012 las conclusiones del informe serán entregadas a la ministra Alicia Kirchner - impulsora entre otras medidas, de la ley para evitar la expropiación de tierras- quien, durante el desarrollo de las Jornadas, sostuvo: “Fácil es hablar pero lo importante es involucrarse; nuestro Gobierno, desde un Estado activo, presente y promotor, asumió la responsabilidad de construir políticas junto al Consejo de Participación Indígena y se hace cargo de los problemas y conflictos que tenemos”.

En el informe “Políticas Públicas Indígenas”, las ocho comisiones que participaron de la elaboración, señalaron avances y cuestiones pendientes sobre las que las comunidades originarias y el Estado Nacional deberían trabajar en los próximos años. Se destacaron las políticas de derechos humanos y de relevamiento territorial, se propuso una reglamentación por ley de las acciones del Consejo de Participación Indígena (CPI) y se demandó la plena aplicación y profundización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Tierras, estadísticas y relación con Estado

La Comisión N°1 se centró en la cuestión de la tierra y el territorio. Destacó la puesta en marcha en el año 2006, “por primera vez en nuestra historia”, del relevamiento de las ocupaciones y posesiones indígenas de todo el país y la suspensión de los desalojos.

En el mismo sentido, la comisión N°1 destaca la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales –que contempla la reciente sancionada Ley de Tierras- y se la califica “de suma importancia como paso previo a la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena”.

Algunas de las demandas en este tema giran en torno a “completar el relevamiento territorial y la demarcación de territorios comunitarios indígenas” y a enviar el proyecto de Ley de propiedad comunitaria indígena al Congreso Nacional. Al mismo tiempo, el grupo promueve la discusión acerca de las necesidades de una posible reforma constitucional “para el resguardo de la soberanía, procurando recuperar la administración de los recursos naturales”.

La Comisión N°2 analiza el “largo y duro proceso” que vivieron los pueblos originarios en la conformación autónoma de sus organizaciones y “en la lucha por el reconocimiento de las mismas por parte del Estado”.

Con respecto a la situación actual, destacan la participación y representación indígena en el CPI, y señalan “el actual gobierno nacional entiende que los derechos indígenas en su esencia son derechos colectivos”.

Propone, entre otras cosas, conformar “una comisión de elaboración de un Proyecto de Ley de Consulta y Participación Indígena” para efectivizar y reglamentar lo reconocido por el Convenio N° 169 de la OIT - ratificado por la República Argentina mediante Ley 24.071-.

La Comisión N°3 plantea una serie de propuestas concretas que giran en torno a la “reivindicación histórica y cultural de los pueblos indígenas”.

Por un lado, promueve iniciativas para reconocer como genocidio las acciones militares contra la población indígena emprendidas en la denominada “conquista del desierto” y la “conquista verde del gran Chaco” (1779-1910), por otro, plantea profundizar iniciativas “tendientes a afirmar el relato histórico y cultural verdadero” y por último, apoyar la recuperación de restos humanos en el marco del Decreto N°701 - entre otros los ubicados en Viedma, Río Negro; Ingenio La Esperanza, Jujuy; Colonia Aborígen Napalpí, Chaco; y Museo de Ciencias Naturales de La Plata.

La Comisión N°4 enfocó su trabajo en el concepto de población y su vinculación con los pueblos originarios.

Se señala que recién en el año 2004-2005 se realiza la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas que “completa la caracterización y cuantificación por primera vez de quienes se reconocieron pertenecientes o descendientes de pueblos indígenas” y se destaca la activa participación indígena en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010.

Esta comisión señala como una “necesidad” formular desde el Ministerio de Desarrollo Social- INAI y con participación indígena, un relevamiento de condiciones de vida que complemente el último censo. Del mismo modo, propone implementar acciones para que las comunidades indígenas “hagan suyos” los Centros Integradores Comunitarios (CIC) localizados en tierras indígenas, así como promover el acceso al agua como prioridad.

El derecho indígena, la inclusión social y la diversidad cultural en nuestro país

La Comisión N°5 trató el derecho indígena y su relación con el derecho positivo argentino, planteando cierta contradicción entre el carácter colectivo del derecho indígena con las normas de raíz individual de los derechos humanos, cuestionando la supuesta neutralidad los países centrales-colonizadores y de las ONGs a la hora de impulsar los fallos de tribunales internacionales en defensa de los derechos indígenas

Promover la conciencia sobre la vigencia y el alcance de los derechos y la comprensión de la cosmovisión indígena ante el Poder judicial en todas sus instancias (Jueces de Paz, de primera instancia, cámaras, Tribunales Superiores y auxiliares técnicos) es una de las propuestas más fuertes de esta comisión de trabajo.

La Comisión N°6 trabajó sobre la inclusión social y sobre el trabajo en torno a la economía social.

Con respecto a la inclusión social se destacó especialmente el mejoramiento del sistema de documentación - asegurando el acceso gratuito al DNI de los pueblos originarios -y sobre “la redistribución de ingresos a través de la Asignación Universal por Hijo”.

También se destacaron las políticas que lleva adelante Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “para la asistencia técnica, el acompañamiento y la financiación de iniciativas productivas en el marco de la economía social

Este grupo planteó como “desafío” que el INAI trabaje más fuertemente para acercar estas políticas a la población indígena lo cual se ha comenzado a concretar en el año 2011 con la creación de la Dirección de Afirmación de Derechos integrada por 12 integrantes de organizaciones indígenas que deben cumplir el rol de funcionarios para la aplicación del derecho indígena.

A mediados del año 2010 se crea el Área de Comunicación en el marco de la Dirección de Desarrollo de Comunidades, el área es integrada por comunicadores que crearon e impulsaron junto a un equipo el derecho a la comunicación con identidad reconocida en la ley de servicios de comunicación audiovisual 26.522.

Fuente: www.prensa.argentina.ar