A partir de las últimas Jornadas de Política Pública Indígena, que organizó Desarrollo Social, representantes de los pueblos originarios y especialistas en la materia elaboraron un informe en el cual se vuelcan nuevas propuestas y se analizan los avances.
La Ministra de Desarrollo
junto a Daniel Fernandez
en las
Jornadas de
Politicas Publicas
Luego de las Jornadas de Política Pública Indígena que se celebraron a comienzos de noviembre en la Universidad de Lanús (UNLa), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) - dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación - y las diferentes comunidades indígenas que integran el Consejo de participación Indígena (CPI) – principal órgano de articulación entre el Estado Nacional y los pueblos originarios- acordaron trabajar en conjunto para elaborar un informe con los principales propuestas para profundizar la promoción y protección de los derechos de los pueblos originarios en estos próximos cuatro años.
En 2012 las conclusiones del informe serán entregadas a la ministra Alicia Kirchner - impulsora entre otras medidas, de la ley para evitar la expropiación de tierras- quien, durante el desarrollo de las Jornadas, sostuvo: “Fácil es hablar pero lo importante es involucrarse; nuestro Gobierno, desde un Estado activo, presente y promotor, asumió la responsabilidad de construir políticas junto al Consejo de Participación Indígena y se hace cargo de los problemas y conflictos que tenemos”.
En el informe “Políticas Públicas Indígenas”, las ocho comisiones que participaron de la elaboración, señalaron avances y cuestiones pendientes sobre las que las comunidades originarias y el Estado Nacional deberían trabajar en los próximos años. Se destacaron las políticas de derechos humanos y de relevamiento territorial, se propuso una reglamentación por ley de las acciones del Consejo de Participación Indígena (CPI) y se demandó la plena aplicación y profundización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Tierras, estadísticas y relación con Estado
La Comisión N°1 se centró en la cuestión de la tierra y el territorio. Destacó la puesta en marcha en el año 2006, “por primera vez en nuestra historia”, del relevamiento de las ocupaciones y posesiones indígenas de todo el país y la suspensión de los desalojos.
En el mismo sentido, la comisión N°1 destaca la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales –que contempla la reciente sancionada Ley de Tierras- y se la califica “de suma importancia como paso previo a la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena”.
Algunas de las demandas en este tema giran en torno a “completar el relevamiento territorial y la demarcación de territorios comunitarios indígenas” y a enviar el proyecto de Ley de propiedad comunitaria indígena al Congreso Nacional. Al mismo tiempo, el grupo promueve la discusión acerca de las necesidades de una posible reforma constitucional “para el resguardo de la soberanía, procurando recuperar la administración de los recursos naturales”.
La Comisión N°2 analiza el “largo y duro proceso” que vivieron los pueblos originarios en la conformación autónoma de sus organizaciones y “en la lucha por el reconocimiento de las mismas por parte del Estado”.
Con respecto a la situación actual, destacan la participación y representación indígena en el CPI, y señalan “el actual gobierno nacional entiende que los derechos indígenas en su esencia son derechos colectivos”.
Propone, entre otras cosas, conformar “una comisión de elaboración de un Proyecto de Ley de Consulta y Participación Indígena” para efectivizar y reglamentar lo reconocido por el Convenio N° 169 de la OIT - ratificado por la República Argentina mediante Ley 24.071-.
La Comisión N°3 plantea una serie de propuestas concretas que giran en torno a la “reivindicación histórica y cultural de los pueblos indígenas”.
Por un lado, promueve iniciativas para reconocer como genocidio las acciones militares contra la población indígena emprendidas en la denominada “conquista del desierto” y la “conquista verde del gran Chaco” (1779-1910), por otro, plantea profundizar iniciativas “tendientes a afirmar el relato histórico y cultural verdadero” y por último, apoyar la recuperación de restos humanos en el marco del Decreto N°701 - entre otros los ubicados en Viedma, Río Negro; Ingenio La Esperanza, Jujuy; Colonia Aborígen Napalpí, Chaco; y Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
La Comisión N°4 enfocó su trabajo en el concepto de población y su vinculación con los pueblos originarios.
Se señala que recién en el año 2004-2005 se realiza la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas que “completa la caracterización y cuantificación por primera vez de quienes se reconocieron pertenecientes o descendientes de pueblos indígenas” y se destaca la activa participación indígena en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010.
Esta comisión señala como una “necesidad” formular desde el Ministerio de Desarrollo Social- INAI y con participación indígena, un relevamiento de condiciones de vida que complemente el último censo. Del mismo modo, propone implementar acciones para que las comunidades indígenas “hagan suyos” los Centros Integradores Comunitarios (CIC) localizados en tierras indígenas, así como promover el acceso al agua como prioridad.
El derecho indígena, la inclusión social y la diversidad cultural en nuestro país
La Comisión N°5 trató el derecho indígena y su relación con el derecho positivo argentino, planteando cierta contradicción entre el carácter colectivo del derecho indígena con las normas de raíz individual de los derechos humanos, cuestionando la supuesta neutralidad los países centrales-colonizadores y de las ONGs a la hora de impulsar los fallos de tribunales internacionales en defensa de los derechos indígenas
Promover la conciencia sobre la vigencia y el alcance de los derechos y la comprensión de la cosmovisión indígena ante el Poder judicial en todas sus instancias (Jueces de Paz, de primera instancia, cámaras, Tribunales Superiores y auxiliares técnicos) es una de las propuestas más fuertes de esta comisión de trabajo.
La Comisión N°6 trabajó sobre la inclusión social y sobre el trabajo en torno a la economía social.
Con respecto a la inclusión social se destacó especialmente el mejoramiento del sistema de documentación - asegurando el acceso gratuito al DNI de los pueblos originarios -y sobre “la redistribución de ingresos a través de la Asignación Universal por Hijo”.
También se destacaron las políticas que lleva adelante Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “para la asistencia técnica, el acompañamiento y la financiación de iniciativas productivas en el marco de la economía social
Este grupo planteó como “desafío” que el INAI trabaje más fuertemente para acercar estas políticas a la población indígena lo cual se ha comenzado a concretar en el año 2011 con la creación de la Dirección de Afirmación de Derechos integrada por 12 integrantes de organizaciones indígenas que deben cumplir el rol de funcionarios para la aplicación del derecho indígena.
A mediados del año 2010 se crea el Área de Comunicación en el marco de la Dirección de Desarrollo de Comunidades, el área es integrada por comunicadores que crearon e impulsaron junto a un equipo el derecho a la comunicación con identidad reconocida en la ley de servicios de comunicación audiovisual 26.522.
Fuente: www.prensa.argentina.ar
junto a Daniel Fernandez
en las
Jornadas de
Politicas Publicas
Luego de las Jornadas de Política Pública Indígena que se celebraron a comienzos de noviembre en la Universidad de Lanús (UNLa), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) - dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación - y las diferentes comunidades indígenas que integran el Consejo de participación Indígena (CPI) – principal órgano de articulación entre el Estado Nacional y los pueblos originarios- acordaron trabajar en conjunto para elaborar un informe con los principales propuestas para profundizar la promoción y protección de los derechos de los pueblos originarios en estos próximos cuatro años.
En 2012 las conclusiones del informe serán entregadas a la ministra Alicia Kirchner - impulsora entre otras medidas, de la ley para evitar la expropiación de tierras- quien, durante el desarrollo de las Jornadas, sostuvo: “Fácil es hablar pero lo importante es involucrarse; nuestro Gobierno, desde un Estado activo, presente y promotor, asumió la responsabilidad de construir políticas junto al Consejo de Participación Indígena y se hace cargo de los problemas y conflictos que tenemos”.
En el informe “Políticas Públicas Indígenas”, las ocho comisiones que participaron de la elaboración, señalaron avances y cuestiones pendientes sobre las que las comunidades originarias y el Estado Nacional deberían trabajar en los próximos años. Se destacaron las políticas de derechos humanos y de relevamiento territorial, se propuso una reglamentación por ley de las acciones del Consejo de Participación Indígena (CPI) y se demandó la plena aplicación y profundización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Tierras, estadísticas y relación con Estado
La Comisión N°1 se centró en la cuestión de la tierra y el territorio. Destacó la puesta en marcha en el año 2006, “por primera vez en nuestra historia”, del relevamiento de las ocupaciones y posesiones indígenas de todo el país y la suspensión de los desalojos.
En el mismo sentido, la comisión N°1 destaca la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales –que contempla la reciente sancionada Ley de Tierras- y se la califica “de suma importancia como paso previo a la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena”.
Algunas de las demandas en este tema giran en torno a “completar el relevamiento territorial y la demarcación de territorios comunitarios indígenas” y a enviar el proyecto de Ley de propiedad comunitaria indígena al Congreso Nacional. Al mismo tiempo, el grupo promueve la discusión acerca de las necesidades de una posible reforma constitucional “para el resguardo de la soberanía, procurando recuperar la administración de los recursos naturales”.
La Comisión N°2 analiza el “largo y duro proceso” que vivieron los pueblos originarios en la conformación autónoma de sus organizaciones y “en la lucha por el reconocimiento de las mismas por parte del Estado”.
Con respecto a la situación actual, destacan la participación y representación indígena en el CPI, y señalan “el actual gobierno nacional entiende que los derechos indígenas en su esencia son derechos colectivos”.
Propone, entre otras cosas, conformar “una comisión de elaboración de un Proyecto de Ley de Consulta y Participación Indígena” para efectivizar y reglamentar lo reconocido por el Convenio N° 169 de la OIT - ratificado por la República Argentina mediante Ley 24.071-.
La Comisión N°3 plantea una serie de propuestas concretas que giran en torno a la “reivindicación histórica y cultural de los pueblos indígenas”.
Por un lado, promueve iniciativas para reconocer como genocidio las acciones militares contra la población indígena emprendidas en la denominada “conquista del desierto” y la “conquista verde del gran Chaco” (1779-1910), por otro, plantea profundizar iniciativas “tendientes a afirmar el relato histórico y cultural verdadero” y por último, apoyar la recuperación de restos humanos en el marco del Decreto N°701 - entre otros los ubicados en Viedma, Río Negro; Ingenio La Esperanza, Jujuy; Colonia Aborígen Napalpí, Chaco; y Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
La Comisión N°4 enfocó su trabajo en el concepto de población y su vinculación con los pueblos originarios.
Se señala que recién en el año 2004-2005 se realiza la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas que “completa la caracterización y cuantificación por primera vez de quienes se reconocieron pertenecientes o descendientes de pueblos indígenas” y se destaca la activa participación indígena en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010.
Esta comisión señala como una “necesidad” formular desde el Ministerio de Desarrollo Social- INAI y con participación indígena, un relevamiento de condiciones de vida que complemente el último censo. Del mismo modo, propone implementar acciones para que las comunidades indígenas “hagan suyos” los Centros Integradores Comunitarios (CIC) localizados en tierras indígenas, así como promover el acceso al agua como prioridad.
El derecho indígena, la inclusión social y la diversidad cultural en nuestro país
La Comisión N°5 trató el derecho indígena y su relación con el derecho positivo argentino, planteando cierta contradicción entre el carácter colectivo del derecho indígena con las normas de raíz individual de los derechos humanos, cuestionando la supuesta neutralidad los países centrales-colonizadores y de las ONGs a la hora de impulsar los fallos de tribunales internacionales en defensa de los derechos indígenas
Promover la conciencia sobre la vigencia y el alcance de los derechos y la comprensión de la cosmovisión indígena ante el Poder judicial en todas sus instancias (Jueces de Paz, de primera instancia, cámaras, Tribunales Superiores y auxiliares técnicos) es una de las propuestas más fuertes de esta comisión de trabajo.
La Comisión N°6 trabajó sobre la inclusión social y sobre el trabajo en torno a la economía social.
Con respecto a la inclusión social se destacó especialmente el mejoramiento del sistema de documentación - asegurando el acceso gratuito al DNI de los pueblos originarios -y sobre “la redistribución de ingresos a través de la Asignación Universal por Hijo”.
También se destacaron las políticas que lleva adelante Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “para la asistencia técnica, el acompañamiento y la financiación de iniciativas productivas en el marco de la economía social
Este grupo planteó como “desafío” que el INAI trabaje más fuertemente para acercar estas políticas a la población indígena lo cual se ha comenzado a concretar en el año 2011 con la creación de la Dirección de Afirmación de Derechos integrada por 12 integrantes de organizaciones indígenas que deben cumplir el rol de funcionarios para la aplicación del derecho indígena.
A mediados del año 2010 se crea el Área de Comunicación en el marco de la Dirección de Desarrollo de Comunidades, el área es integrada por comunicadores que crearon e impulsaron junto a un equipo el derecho a la comunicación con identidad reconocida en la ley de servicios de comunicación audiovisual 26.522.
